La historia comenzó en marzo, cuando la menor denunció que su padrastro la violaba y su mamá se dio cuenta de que estaba embarazada.
En Argentina existe el Protocolo de Aborto No Punible, que permite precisamente la interrupción del embarazo por violación, pero la madre de la niña denunció que los médicos del hospital al que acudió se negaron a realizarse la intervención.
A pesar de que el embarazo ya es avanzado, pues la víctima tiene 23 semanas, las autoridades del hospital recibieron el consentimiento judicial para cumplir con la ley y aun así no lo han hecho, lo que agrava la situación.
El pretexto es que los médicos de la clínica se declararon “objetores de conciencia”, es decir que por sus creencias personales no pueden realizar un aborto, lo que entra en contradicción con la endeble legislación que existe al respecto.
La directora del hospital, Mariana Dunayevich, ya advirtió que no van a operar a la niña porque sería “un parto inmaduro que pone en peligro la vida de la mamá”, lo que es refutado por las organizaciones sociales que promueven el aborto.
El caso estalló justo después de que un grupo plural de 60 legisladores de todos los partidos políticos presentaron por quinta vez un proyecto de ley para despenalizar el aborto, iniciativa que nunca ha podido pasar de un debate en comisiones.
La Suprema Corte de Justicia ya despenalizó por completo el aborto en caso de violación, en un fallo que abrió la puerta a un nuevo debate sobre una práctica que realizan alrededor de 500 mil argentinas por año.
Sin embargo, como no hay una ley nacional, los casos se analiza en lo particular, por lo que cada mujer que quiere interrumpir su embarazo debe tramitar un permiso judicial específico.