BASE NAVAL ESTADOUNIDENSE DE GUANTANAMO, Cuba (AP) Colleen Kelly llegó a la bahía de Guantánamo acompañada de un cierto sentido de impaciencia, abatida por los tambaleantes esfuerzos de una comisión militar de Estados Unidos para juzgar a cinco detenidos acusados de participar en el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.
Tras perder a su hermano en el World Trade Center, Kelly ha seguido de cerca cualquier nuevo avance en un caso que avanza a trompicones desde que los hombres fueron llevados a la base estadounidense en Cuba en 2006 desde centros de detención de la CIA en el extranjero.
Kelly estaba presente en la última sesión previa al juicio como observadora seleccionada por sorteo entre las familias de los fallecidos en los ataques. Antes de viajar a Guantánamo era escéptica sobre la decisión de que una comisión militar, y no una corte federal, juzgase a los acusados. Esto no cambió tras ver el proceso de cerca la semana pasada, aunque ahora es un poco más optimista. Pero solo un poco.
“Es muy, muy frustrante”, dijo durante un receso en el proceso. “Han pasado 14 años desde el 11 de septiembre y no siento que esto sea justicia rápida” según lo que se considera justicia rápida, apuntó.
“La fiscalía ha estado increíblemente dedicada (…) y la gente está muy determinada a que esto avance. Hay fuerzas que están fuera de su control”, agregó.
La última vista resolvió algunos temas persistentes, pero viejos y nuevos retos siguen acechando un caso de pena de muerte que sigue tan estancado en las cuestiones previas que ni fiscalía ni abogados defensores estiman ya una posible fecha de inicio.
“He escuchado predicciones por las que el juicio comenzaría en 2018, 2019, 2020 y nunca”, dijo Dror Ladin, abogado del National Security Project of the American Civil Liberties Union, que también observa el proceso. “Creo que hay una gran cantidad de gente que no cree que el juicio vaya a celebrarse algún día”.
Parte del reto ha sido logístico. El gobierno debe trasladar en avión a cinco equipos de defensa y a un continente de fiscales y a la corte militar, además de a equipos de apoyo, para audiencias preliminares esporádicas en la remota base del extremo suroriental de Cuba.
Y otra parte del desafío es político: El presidente Barack Obama retiró los cargos contra Jalid Shaij Mohammad, el autoproclamando cerebro de la trama del 11-S, y contra otros cuatro acusados para que pudiesen ser juzgados en una corte federal en Nueva York, como parte de un plan más amplio para cerrar el centro de detención de Guantánamo. Pero esto generó una fuerte oposición y el Congreso aprobó una ley que prohíbe trasladar a prisioneros de la base a Estados Unidos. Esa norma impide también a Obama cerrar la prisión en sí, que ahora acoge a 114 hombres.
Los cinco fueron procesados por segunda vez en mayo de 2012 por un sistema de comisión militar que proporcionó derechos adicionales a los acusados. La acusación contra ellos incluye casi 3.000 cargos por asesinato en violación de la ley de guerra, secuestro y terrorismo por planear y proporcionar ayuda a la trama.
El último contratiempo surgió la semana pasada cuando apenas habían pasado 10 minutos desde el inicio de la primera sesión de lo que se suponía iba a ser una vista de dos semanas.
Uno de los cinco acusados, Walid Bin Atash, dijo al tribunal que podría estar interesado en representarse a sí mismo. Antes de hacer cualquier otra cosa, el juez tuvo que elaborar una advertencia formal sobre los riesgos de no tener abogado en este complejo juicio por terrorismo. Los prisioneros están detenidos en régimen de aislamiento de máxima seguridad y no tienen acceso a material clasificado entre el que podría estar una parte importante de las acusaciones que pesan en su contra.
Este fue solo el inicio del problema. Al trabajar con el juez y la fiscalía en el borrador de la advertencia los siguientes cuatro días, los abogados de la defensa recibieron información sobre un programa secreto presentado en la corte como Medida de Control Compensatorio Alternativo que podría tener algún efecto sobre la capacidad de cualquiera de los acusados para actuar como sus propios defensores. Sea como sea, solo un pequeño número de personas lo saben porque la información, clasificada como alto secreto, podría plantear según los letrados asuntos éticos que afectarán al caso de formas que no pueden revelar.
“Cuanto más se habla sobre él más problemas aparecen”, dijo Jim Harrington, abogado del acusado Ramzi Binalshibh, tras una reunión privada con el juez.
Esto es solo el último obstáculo en el caso. En abril de 2014, el proceso se suspendió cuando Harrington reveló que miembros de su equipo de defensa habían sido interrogados por el FBI por un presunto fallo de seguridad.
Después, en una audiencia el pasado febrero en la que se pretendía determinar si la investigación había supuesto un conflicto de intereses para el abogado de Binalshibh, varios de los acusados reconocieron a un nuevo interprete como empleado en una de las prisiones clandestinas de la CIA, lo que motivó otro alto y nuevos esfuerzos para conocer más sobre el hombre.
Se suponía que el juez, el coronel del ejército James Pohl, debía pronunciarse sobre el conflicto al inicio de proceso la semana pasada. Pero fue entonces cuando Bin Atash planteó su autodefensa estancado el proceso para el resto de la semana. La actividad podría retomarse en la vista del lunes.
El fiscal jefe, el general de brigada del ejército Mark Martins, dijo que el gran esfuerzo que supone proporcionar pruebas a la defensa sigue adelante a pesar del lento avance judicial y que los retrasos son parte del proceso.
“El juez está trabajando de acuerdo a la ley y al procedimiento, no a un calendario específico. Y la ley puede obligarle a suspender o detener el caso o a tomar recesos como hemos hecho”, dijo Martins.