El gobierno y la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) esperan definir esta semana los grupos de trabajo para constituir las comisiones que investigarán los eventos de los últimos dos meses y los casos de algunos opositores detenidos. En las últimas dos semanas las partes no han logrado estructurar los grupos de trabajo, lo que ha generado dudas sobre el avance y futuro del proceso.
Una de las integrantes de la comisión opositora en el proceso de diálogo, Delsa Solórzano, afirmó que esta semana debería darse finalmente la instalación de las comisiones de trabajo, pero agregó que “si nada de esto ocurre pues no hubo diálogo”.
Las partes esperan definir una junta médica que evaluará la situación de salud de Iván Simonovis, un exjefe policial condenado en 2009 a 30 años de cárcel por el delito de “complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado” en las muertes de manifestantes pro oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002. Simonovis padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que el ex comisario sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.
Solórzano admitió que el proceso de acercamiento entre el gobierno y la oposición “ha caminado con cierta lentitud” y agregó a The Associated Press en entrevista telefónica que “esperamos que para esta semana a esto se le imprima celeridad”.
Ante la idea que han expresado algunos opositores de que el gobierno estaría “dinamitando” el proceso ante la decisión que tomó el Tribunal Supremo de prohibir las protestas pacíficas que no tengan permiso y la intensificación de las acciones de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes, Solórzano afirmó que “una de las razones fundamentales por las cuales nosotros aceptamos la necesidad de este diálogo fue para poner fin a la represión, la prisión y la persecución política”. Agregó que “ahora la pelota está en el campo de ellos, no en el nuestro”.
Mientras los opositores insisten en acelerar la definición de acuerdos, el presidente Nicolás Maduro afirmó la semana pasada que no aceptará chantajes. “No hay pacto ni negociación con la burguesía. Quien se quiera ir del diálogo que se vaya”, dijo Maduro el viernes y agregó que la oposición “tiene que reconocer que hay una fuerza mayoritaria que es el pueblo chavista”.
El gobierno y el bloque opositor sostuvieron el 10 de abril un primer encuentro al que le siguieron otras dos reuniones. El proceso de acercamiento cuenta con la facilitación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
El canciller Elías Jaua anunció el pasado fin de semana que el Secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, está dispuesto a venir a Venezuela para acompañar al nuncio apostólico.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y más de 2.200 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General. El movimiento estudiantil, que ha sido el principal promotor de las protestas callejeras, descartó que vaya a detener las manifestaciones a pesar de la sentencia del máximo tribunal.
“El gobierno intenta aplastarnos porque no tiene cómo darle respuesta a la calle y cree que… amedrentando al pueblo nos va a querer contener”, dijo Alfredo Graffe, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas. Graffe indicó a AP que si en el gobierno “ya agotaron su discurso, lo de nosotros es no agotar nuestro recurso humano ni la motivación de nuestra gente”.
El dirigente universitario agregó que además de las protestas de calle el movimiento estudiantil se está concentrando ahora en visitar las fábricas y hablar con los trabajadores para una “interacción con gremios y sindicatos y allí ir construyendo esto para que se generalice el mensaje”.