El presidente Nicolás Maduro cumplió el martes su amenaza de tomar medidas contra las aerolíneas que cancelaran vuelos hacia o desde Venezuela y rompió sus acuerdos con Air Canada.
La aerolínea había anunciado la víspera que suspendía sus viajes a Venezuela porque no podía garantizar la seguridad de la operación.
“Terminamos esa relación con Air Canada”, dijo a periodistas el ministro de Transporte Acuático y Aéreo venezolano, general Hebert García Plaza.
Esos convenios se firman entre los países —en este caso Venezuela y Canadá— para que las líneas aéreas puedan volar entre uno y otro Estado.
Según el ministro, la cancillería venezolana iniciará los trámites administrativos necesarios para implementar la sanción.
Desde Canadá, Jana Régimbal secretaria de prensa del Ministerio de Transporte de Canadá, dijo que se trata del caso de una empresa privada que toma decisiones sobre la base de sus propios intereses.
La semana pasada Maduro había advertido a las aerolíneas que si suspendían operaciones podían sufrir severas sanciones. Las líneas aéreas reclaman una deuda de 3.300 millones de dólares al gobierno venezolano.
En enero las autoridades aeronáuticas venezolanas se reunieron con las empresas aéreas para discutir la situación del sector y la deuda que mantiene el gobierno con las aerolíneas, que surge de la diferencia entre los ingresos por la venta de boletos en bolívares y los gastos de operaciones en dólares en Venezuela, donde existe un estricto control de cambio.
En su comunicado de la víspera, Air Canada alegó que no podía garantizar la operación tras los conflictos sociales y manifestaciones en el país.
Según el ministro García Plaza, la suspensión de Air Canada fue unilateral, una “sorpresa”.
Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación —que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3% —, el desabastecimiento y la creciente delincuencia.
Los enfrentamientos han dejado 26 muertos y cientos de heridos, según cifras del gobierno.
Maduro rechaza las manifestaciones y afirma que forman parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos de intereses de Estados Unidos.
Paralelamente la bancada oficialista aprobó el martes una moción para entregar ante la Fiscalía General supuestas pruebas con las cuales se iniciará el trámite de retiro de la inmunidad a una diputada opositora por varios presuntos delitos entre los que estaría llamar al desconocimiento de las autoridades nacionales.
Los parlamentarios aliados al gobierno tratan de probar 1ue la diputada opositora María Corina Machado, una feroz crítica del gobierno, es culpable de llamar al desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional y tiene planes desestabilizadores contra el gobierno de Maduro.
La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que para poderlos someter a un proceso judicial el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la inmunidad.
Maduro y sus más cercanos aliados, entre ellos Cabello, responsabilizan de forma directa a la diputada Machado y al dirigente opositor Leopoldo López de organizar protestas.
López está detenido desde el 18 de febrero por organizar protestas contra el gobierno.
Aunque inicialmente las autoridades anunciaron que López sería acusado de homicidio y terrorismo, el dirigente sólo fue encausado por asociación para delinquir, instigación a la violencia y daños contra la propiedad.
Por otra parte, unas 500 personas se concentraron el martes en la localidad de Los Teques, en el estado Miranda, para marchar hacia la prisión donde está el dirigente opositor Leopoldo López, detenido el 18 de febrero por su supuesta vinculación con las protestas.
“Hace un mes Leopoldo nos demostró un acto de valentía”, dijo su esposa Lilian Tintori, quien exigió que su esposo sea liberado. “Él nos dio un ejemplo de fortaleza”.
No hubo hechos violentos en esa marcha opositora.
En tanto, la Plaza Altamira en el municipio de Chacao, que durante semanas ganó notoriedad por los enfrentamientos violentos entre manifestantes opositores al gobierno, civiles armados y fuerzas del orden, retomaba lentamente a la calma el martes tras ser desalojada el día anterior por las fuerzas de seguridad.
“El municipio Chacao se encuentra con buena movilidad vial, calles abiertas. Presencia militar”, dijo en Twitter el alcalde de ese municipio, Ramón Muchacho.
La circulación de vehículos y motos por las calles es vital para una ciudad como Caracas, con dos millones de habitantes —cuatro millones si se cuenta la periferia— donde la densidad vehicular es enorme.
Por la tarde en la Plaza se juntaron grupos de opositores que rezaban o pintaban pancartas.
Sin embargo el vicerrector de la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), Enrique Ramos, denunció que un grupo de 40 encapuchados asaltaron la sede y quemaron un autobús y la biblioteca.
“Saquearon nuestra casa de estudios”, expresó Ramos ante Venezolana de Televisión.
El profesor Fermín Moreno asistente del decano de la UNEFA, dijo al diario local El Universal que el incidente ocurrió en la sede de la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado Táchira, en el suroeste del país.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a varios alcaldes opositores implementar medidas para evitar la instalación de “guarimbas”, como se conocen popularmente las barricadas, en sus jurisdicciones, y citó a otro por desacato.
Según el máximo tribunal estos funcionarios deben garantizar el libre tránsito de personas y vehículos.
El bloque oficialista que lidera Maduro, que ganó fácilmente las elecciones municipales en diciembre, se ha mantenido cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país. En la tensa situación el mandatario ha contado con el apoyo de la Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo, el poder judicial y las fuerzas armadas.