El informe plantea la disyuntiva del gobierno entre una política de cero tolerancia en la frontera aunque de mayor flexibilidad en el interior de Estados Unidos, mientras el Departamento de Seguridad Interna (DHS) busca una manera “más humana” para las deportaciones.
El estudio, titulado “El dilema de las deportaciones: reconciliando una aplicación de la ley fuerte y humana”, fue presentado este martes por su coautora Doris Meissner, directora del Instituto de Política Migratoria (MPI).
Meissner indicó que si bien se pueden puede hacer ajustes a las prioridades de aplicación de la ley del DHS, las acciones del Ejecutivo por sí solas, no pueden reconciliar las demandas que ahora enfrenta la aplicación del sistema migratorio.
Consideró que el mayor dilema que enfrenta la administración del presidente Barack Obama es cómo velar por el debido cumplimiento de las leyes migratorias y al mismo tiempo proteger a las comunidades de inmigrantes del daño infligido por un estricto sistema migratorio.
Según el reporte, más de 4.5 millones de indocumentados han sido deportados de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó en 1996 una legislación migratoria que aumentó el ritmo de deportaciones de 70 mil ese año a un récord de 419 mil en 2012.
El informe denunció además un fuerte incremento en el uso de procedimientos de deportación no judiciales, como deportaciones inmediatas y restablecimiento de las órdenes de deportación, en las que los funcionarios migratorios y no los jueces toman las decisiones.
Resaltó que mientras las deportaciones no judiciales representaban sólo el 3.0 por ciento en 1996, para el año fiscal de 2012 constituyeron el 75 por ciento de las repatriaciones.
Asimismo, el reporte señaló que los detenidos en la frontera sur que fueron encausados con cargos criminales migratorios aumentaron del 1.0 por ciento en el año fiscal 1997 al 22 por ciento en 2013.
El informe recordó que la administración Obama ha introducido un cambio en la política de aplicación de la ley que recomienda “discreción” para evitar deportar a personas que no se encuentran en categorías “prioritarias”.
Asimismo, apuntó que uno de los temas que se están analizando en la actualidad es una mejor definición de los crímenes severos que ameritarían la deportación de un inmigrante.
El estudio establece que se podrían adoptar medidas como una mayor supervisión judicial durante el proceso de deportación y un análisis más cuidadoso de los indocumentados con fuertes vínculos con Estados Unidos, entre otras.