Por Andrés Beltramo Álvarez. Corresponsal
Ciudad del Vaticano, 3 Nov (Notimex).- Documentos confidenciales y grabaciones de diálogos privados del Papa Francisco, incluidos en dos libros que salen a la venta esta semana en Italia, desataron una crisis que ha sido bautizada como “Vatileaks 2”.
La trama comparte no pocas similitudes con el “vatileaks”, el escándalo que cimbró el papado de Benedicto XVI en febrero de 2012, cuando el libro “Su Santidad”, de Gianluigi Nuzzi, sacó a la luz decenas de documentos reservados del pontífice.
Tras una investigación conducida por las autoridades judiciales vaticanas se comprobó que el autor de las filtraciones fue Paolo Gabriele, el mayordomo de Joseph Ratzinger, quien robó personalmente los informes y los entregó al periodista.
El “ayudante de cámara”, el primero en ver al Papa por las mañanas y el último en despedirse de él por las noches, fue enjuiciado en los tribunales civiles vaticanos y condenado a 18 meses de cárcel, de los cuales purgó sólo dos antes de recibir el indulto papal en diciembre de 2012.
El “clima envenenado” que caracterizó aquel año reapareció en los últimos días de la semana pasada, cuando la prensa italiana reveló que la Gendarmería Vaticana investigaba el acceso indebido a la computadora del Revisor de las Cuentas de la Santa Sede.
A esa noticia se sumó el anuncio de la inminente publicación de dos libros: “Vía Crucis”, del mismo Nuzzi, y “Avaricia”, del periodista Emiliano Fittipaldi. Ambos saldrán al mercado este jueves 5 de noviembre.
Según la anticipación de uno de los textos, en conversaciones privadas que datan del verano de 2013 el Papa Francisco se habría quejado de que las finanzas del Vaticano estaban “fuera de control”.
“Si no podemos custodiar el dinero, que se ve, ¿cómo podremos custodiar el alma de los fieles, que no se ve?”, habría agregado el pontífice.
La reacción del Vaticano fue inmediata. En el transcurso del pasado fin de semana dos personas sospechosas de haber filtrado la información a los periodistas fueron convocadas por las autoridades judiciales.
Se trata del clérigo español Luis Ángel Vallejo Balda, de 52 años, exsecretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede y exsecretario de una comisión establecida por Francisco en 2013 para analizar las reformas administrativas a aplicar en el Vaticano.
De hecho, Vallejo era un hombre de confianza del Papa. Esa buena relación le permitió incluir en dicha comisión, conocida como COSEA, a una amiga suya: la profesional de las relaciones públicas Francesca Immacolata Chaouqui, la otra convocada por el Vaticano.
Ambos fueron interrogados y retenidos “en estado de arresto”: Vallejo en una celda de seguridad ubicada en el cuartel general de la Gendarmería pontificia y Chaouqui en una comunidad religiosa dependiente del Vaticano.
Los arrestos fueron convalidados el lunes por la mañana por la fiscalía vaticana, aunque Chaoqui fue puesta en libertad “también por su colaboración con las investigaciones”.
El anuncio de las detenciones fue confirmado el mismo lunes por la sala de prensa del Vaticano con una larga nota en la cual se advirtió que los libros son “el fruto de una grave traición de la confianza depositada por el Papa”.
Además calificó su publicación como “una maniobra” que se aprovechó del “acto gravemente ilícito de entrega de documentación confidencial” y anticipó que la misma fiscalía está analizando “consecuencias judiciales y eventualmente penales”.
Mientras tanto, este martes Chaouqui fue nuevamente interrogada por los investigadores, quienes escucharon su declaración durante algunas horas. La mujer ya había manifestado su intención de “continuar ofreciendo todos los elementos necesarios”.
“No soy un cuervo, no traicioné la confianza del Papa. No di un papel a nadie. Nunca a nadie. Emergerá pronto (la verdad), tengo la certeza y la total confianza en los investigadores”, señaló en un mensaje publicado en su perfil personal en la red social Facebook.
Chaouqui aludió al adjetivo acuñado en el primer “vatileaks”, durante el cual, quienes filtraron la información confidencial se autoproclamaron como “cuervos”. Aunque finalmente el único arrestado fue Paolo Gabriele.
Más adelante, Chaouqui sostuvo: “No hay nada que haya amado y defendido más que la Iglesia y el Papa. Ni siquiera mi dignidad”.
“Habría podido estar en casa y no presentarme en el Vaticano, pero, como siempre, he antepuesto al Papa a cualquier cosa. Ahora las cosas se arreglarán. Nada de compasión por favor, yo tengo la frente en alto, nada de lo cual avergonzarme”, apuntó.
En otra declaración, la mujer se proclamó “extraña a los hechos” y acusó a Vallejo Balda de haberla involucrado, “por causa de los nombramientos jamás obtenidos”.
Chaouqui se refirió a la situación de ambos en el proceso de reforma de las estructuras vaticanas. El propio Vallejo estuvo a punto de ser nombrado “número dos” de la Secretaría de Economía, dirigida por el cardenal australiano George Pell.
Incluso, él mismo llegó a confirmar la noticia a varios medios de comunicación españoles, antes de su oficialización. Cuando el Papa finalmente optó por su secretario personal de entonces, Alfred Xuereb, el clérigo quedó decepcionado.
Luego ambicionó convertirse en el Revisor General de la Santa Sede, un puesto de reciente creación dentro de la propia Secretaría de Economía, sin lograrlo. Así, al final de una reforma en la cual tuvo un papel preponderante, Vallejo se quedó sin puesto.
Algo similar le ocurrió a Chaouqui, quien pasó de tener acceso constante al Vaticano, a quedar completamente al margen en la nueva estructura.
Trascendió que Vallejo aceptó su responsabilidad y se justificó argumentando que sus filtraciones tenían como objetivo ayudar al Papa Francisco en su reforma.
A lo cual, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aseveró: “Publicaciones de este tipo no ayudan en algún modo a establecer claridad y verdad, pero sobre todo generan confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas”.
“Urge absolutamente evitar el equívoco de pensar que ese sea un modo de ayudar a la misión del Papa”, puntualizó el vocero.
La situación de Vallejo está ahora en manos de la justicia civil del Vaticano, la misma que en 2012 enjuició y condenó al mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele.