De acuerdo al reporte, la empresa pública “adquirió un sistema informático que permite habilitar el acceso ?a distancia? a una dependencia del Ministerio del Interior cuando, previa orden judicial, deba realizarse una interceptación de un teléfono“. El medio electrónico explicó que “esa información está contenida en la respuesta a un pedido de informes realizado por el senador Pedro Bordaberry”, del partido Vamos Uruguay.
Indicó que en el documento remitido por el Ministerio de Industria, la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) señaló que adquirió equipamiento destinado a habilitar el acceso judicial a distancia para telecomunicaciones con celulares. Aclaró, sin embargo, que la empresa “no compró equipos cuyo objetivo sea la realización de escuchas telefónicas ni la interceptación de mensajería electrónica como pueden ser los mensajes de texto”.
El Observador precisó que Antel adquirió el sistema “Lawful Interception System” de la empresa Ericsson, que consta de un servidor, un terminal y el software para programar la central a la que corresponda el celular que será intervenido.
Detalló que “el servidor está instalado en la Central Aguada que últimamente cobró notoriedad cuando el senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) pidió que se investigara los elevados gastos en llamadas realizadas desde un teléfono de su despacho”. “Esa central es la que opera las líneas del Parlamento. En varios puntos de la respuesta a Bordaberry, se aclaró que la intervención de Antel se dará por orden judicial”, subrayó el reporte.
Explicó que una vez que se reciba la orden judicial, los técnicos de Antel verificarán que la misma “provenga de la sede competente y el procedimiento de intervención debe ser específico para un número o varios números concretos”. “También se controla que el teléfono celular a intervenir no corresponda a un jerarca con fueros constitucionales (como ministros o legisladores) o pertenezca a un representante diplomático extranjero”, agregó el informe.