La capacidad del gobierno mexicano de capturar y sentar ante la justicia a los criminales más poderosos de la región se pone en duda tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán el pasado domingo.
También pone bajo la lupa una política que se ha basado en extraditar cada vez menos hacia Estados Unidos, de donde llega el mayor apoyo económico para la lucha antidrogas.
Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón 2012, fue el año con más extradiciones desde México, 115. Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia en 2013, la cifra de extraditados cayó a 54 y en 2014, México extraditó a 66 personas a Estados Unidos.
Si el orgullo y la soberanía nacional fueron la motivación principal del gobierno a la hora de decidir que capos como Guzmán debían ser encarcelados y juzgados en México, ahora ha llegado el momento de la vergüenza internacional.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, insistió el domingo durante una visita de estado a Francia que la seguridad del estado tiene la capacidad de volver a capturarlo, pero fue el mismo Peña Nieto quien dijo en febrero de 2014, después de la segunda captura de “El Chapo” que dejarle escapar de nuevo sería “imperdonable”. Su Fiscal General de entonces, Jesús Murillo Karam, había afirmado también que la posibilidad de que escapara de nuevo “no existe”.
Ahora, la organización de Guzmán, que construyó su imperio cavando túneles a través de la frontera de los Estados Unidos, se pone frente a las autoridades.
Y ha sido a través de un túnel de un kilómetro medio que ha llevado meses perforar que ha sacado a su jefe, erguido y directamente desde la ducha de su celda hasta el exterior del penal, supuestamente, más seguro del país.
Una mujer, cuya identidad no puede ser revelada para no comprometer su seguridad y , que vive en la casa junto a la que sirvió para abrir la salida del túnel por el que escapó Guzmán dijo a The Associated Press que su hijo y otras 12 personas trabajaron durante 3 meses en la construcción de la casa.
El gobierno de los Estados Unidos nunca confirmó que haya hecho una petición formal de extradición de Guzmán después de su última captura en 2014. Pero ha sido un tema presente en la agenda bilateral desde entonces.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue moderado en su reacción. La Fiscal General Loretta Lynch se limitó a decir que su país está dispuesto a colaborar con la búsqueda de Guzmán.
Pero Peter Bensinger, ex administrador de la Agencia anti drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) dijo que estaba seguro del malestar de los funcionarios estadounidenses con sus colegas mexicanos.
“Debería haber estado en una prisión estadounidense“, dijo Bensinger. “Las autoridades mexicanas serán criticadas. Tiene que serlo.”
Para Felipe Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, la fuga muestra serias fallas del sistema de seguridad del país.
“Es evidente que él tenía el poder de dar instrucciones y coordinación desde dentro. Lo más probable es que él seguía al mando de su organización. El controlaba lo que ocurría en la prisión.”
Para el analista, alguien tiene que asumir responsabilidades. “Un acontecimiento como este en cualquier país ya hubiera provocado la renuncia de algún ministro encargado y de su cadena de mando”.
Si eso no sucede, Chabat cree que el costo sería todavía mayor. “Lo estaría absorbiendo directamente Peña Nieto“.