A poco más de nueve meses de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, sigue exitiendo inconformidad por parte de la sociedad mexicana ante la respuesta de las autoridades. Así mismo la prensa y la crítica internacional se suma contra las formas del gobierno mexicano.
Los investigadores independientes que trabajan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México dijeron el lunes que aún esperan la autorización del gobierno para entrevistar a los soldados de servicio aquella noche.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en conferencia de prensa que aún no ha recibido autorización del gobierno para entrevistar a los 36 soldados del batallón con sede en la ciudad de Iguala que estaban de servicio y salieron a las calles la noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron los estudiantes.
Los investigadores, que llevan cuatro meses desarrollando sus actividades, son críticos con la falta de colaboración por parte de las autoridades. En un comunicado afirmaron que sólo han recibido respuesta en el 54% de las peticiones de acceso a la información pública realizadas y el 25% de las respuestas están incompletas.
“La única respuesta oficial que hemos recibido es que aún no hay respuesta”, dijo Francisco Cox, uno de los investigadores.
La versión oficial de lo sucedido es que los estudiantes fueron atacados por la policía municipal de Iguala al mando del alcalde José Luis Abarca. Abarca y su esposa se encuentran en prisión.
Luego los policías entregaron a los estudiantes a un grupo de sicarios de la organización Guerreros Unidos que los asesinaron, quemaron y tiraron a un río. Sólo uno de los restos encontrados ha sido identificado como de uno de los estudiantes desaparecidos.
La región ha sufrido las consecuencias de una guerra entre los Guerreros Unidos, que controlan la ciudad de Iguala, y un grupo llamado Los Rojos que controla el lugar donde se encuentra la escuela.
Ambos bandos se disputan el control de las rutas de transporte de heroína con destino a Estados Unidos y en la zona hay cientos de desaparecidos de los que sólo se ha tenido noticia a raíz de los reclamos de algunos de los familiares y las organizaciones políticas que se han sumado a su causa.
Los familiares y grupos civiles que los apoyan, que se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos y cuestionan los avances de la investigación realizada por las autoridades, han organizado masivas movilizaciones por todo el país.
El día de su desaparición los estudiantes recaudaban dinero para acudir a una manifestación cuando la policía, vinculada al narcotráfico, intervino. Tanto investigadores cercanos a familiares como los propios familiares han pedido con insistencia que se abran nuevas hipótesis de investigación, en especial aquellas que vincularían a más autoridades con los hechos de aquella noche.