No quiero meterme en cuestiones nacionales, pero las normas de la Unión Europea (UE) son muy claras, respondió Reding a medios italianos, que le preguntaron sobre la posibilidad de que Silvio Berlusconi sea candidato. El viernes pasado Il Cavaliere anunció que pretende competir en los comicios europeos, en un claro desafío a la justicia italiana.
Si será posible, estaré muy feliz de poder competir en las cinco circunscripciones que siempre me han dado entre 600 y 700 mil votos cada una, declaró a los participantes en un mitin de su partido Forza Italia (derecha) en la central localidad de Montecatini.
Berlusconi expresó su esperanza de poder tener una pronta respuesta de la Corte Europea, ante la que impugnó su expulsión del Senado italiano. Asimismo, dijo que espera la decisión de los jueces italianos, que el próximo 10 de abril deberán decidir si cumple la pena a la que fue condenado realizando servicios sociales o con el arresto domiciliario.
El pasado 1 de agosto la Corte Suprema italiana sentenció en vía definitiva e irrevocable al ex premier a cuatro años de prisión por fraude fiscal en la compra venta de derechos televisivos de su empresa Mediaset. Sin embargo, debido a su edad, 77 años, y a la ley del indulto, la pena le será rebajada a menos de 12 meses, que podrá purgar con servicios sociales o con la detención domiciliaria. Los servicios sociales son la solución más ridícula para una personalidad de mi edad, una personalidad de Estado, del deporte y de la empresa. Es algo ridículo para mí y para Italia, afirmó.
Los analistas resaltaron que será imposible para Berlusconi competir como candidato ante los comicios europeos y recordaron que aunque llegase a superar todos los obstáculos, no podrá viajar a Brusleas, pues ya le fue retirado el pasaporte y tiene prohibido salir del país.
En tanto, se espera que este martes la Corte Suprema italiana confirme la sentencia a dos años de inhabilitación a la que fue condenado el ex premier el pasado 19 de octubre por el Tribunal de Apelaciones de Milán. Se trata de una pena complementaria a la sentencia definitiva emitida el pasado 1 de agosto por el máximo tribunal.