México, 14 Oct (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados turnó a comisiones la iniciativa que reforma la Ley General de Salud para establecer en México nuevas obligaciones y atribuciones, y/o reforzar las existentes, en procesos de atención y rehabilitación de personas adictas a drogas.
Esta propuesta con carácter de Decreto modifica los artículos 192, 192 bis y 102 quáter de dicha Ley, informó el legislador priista Alejandro Domínguez, que de conformidad con la misma, así como del programa nacional para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de los Estados serán responsables en tres aspectos.
El primero de ellos, es realizar campañas sobre prevención de daños a la salud; el segundo, ofrecer atención médica y tratamiento; y el tercero, verificar, autorizar, inspeccionar, vigilar y registrar los centros públicos, privados y sociales especializados en adicciones por drogas de diversa índole.
Para los efectos del programa nacional se deben implementar políticas públicas y tratamientos adecuados, basados en el respeto de los derechos humanos, a fin de determinar el impacto del daño en lo individual, familiar y social por consumo de estupefacientes.
Dependencias y entidades públicas deberán tratar las adicciones en centros especializados, bajo un enfoque de reinserción integral y sin vulnerar la integridad física, psíquica y moral, el cual evite poner en riesgo la vida de las o los adictos, subrayó.
El coordinador del grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Chihuahua mencionó que para ello el ingreso de la persona que recibirá atención y rehabilitación deberá constar por escrito, ya sea por ella misma o por quien legalmente deba otorgarlo, siempre por uno o más familiares cercanos.
Se debe crear un padrón de instituciones y organismos públicos, privados y sociales que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social.
Además celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, sociales y privadas, así como con personas físicas que atiendan las adicciones con reglas, bases y características planteadas, propuso el diputado federal.
En suma, se atenderán y darán seguimiento a sugerencias y propuestas del público sobre el funcionamiento de los centros en adicciones, y cuando las autoridades adviertan sobre la comisión de un delito en el funcionamiento de los mismos, se dará parte al Ministerio Público para la investigación correspondiente.