Por Heriberto Araújo. Corresponsal
Río de Janeiro, 7 Oct (Notimex).- El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCB) recomendó hoy al Congreso que rechace las cuentas públicas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2014, lo que refuerza la posición de los grupos políticos que piden su juicio político y agrava la crisis política en Brasil.
Los ocho miembros del Tribunal rechazaron por unanimidad las cuentas públicas de 2014, al detectar que hubo irregularidades en el manejo de los gastos, en particular con el objetivo de cumplir el déficit fiscal.
El fallo no es vinculante, por lo que la decisión final de aprobar o rechazar las cuentas quedará en manos del Poder Legislativo, en una situación inédita desde 1937.
En caso de que los congresistas rechacen las cuentas, Rousseff y otros miembros de su Ejecutivo podrían ser imputados con un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal que limita el déficit público.
La decisión del TCB estuvo motivada por la existencia de distorsiones por valor de 106 mil millones de reales (27 mil millones de dólares) en el manejo del presupuesto, es decir, que el Ejecutivo llevó a cabo varias artimañas ilegales para reducir el déficit fiscal contabilizado y de esta forma cumplir con la ley.
Entre las medidas que el Tribunal considera irregulares figuran créditos sin autorización del Legislativo, omisión de deudas contraídas y sobre todo el retraso de transferencia de fondos a organismos públicos encargados de abonar programas sociales.
El Legislativo deberá ahora evaluar las cuentas presentadas por el Ejecutivo para 2014 y llevar a cabo una votación que podría demorarse hasta inicios de 2016, como consecuencia de los protocolos a seguir por las Cámaras.
El rechazo de las cuentas supone un agravamiento de la crisis política en Brasil, donde las desavenencias entre el gobierno y el Legislativo han dificultado la aprobación de reformas para combatir la crisis de una economía en recesión.
La decisión del tribunal podría motivar que el Congreso vote un eventual impeachment (juicio político) contra la presidenta, como piden ya varios grupos, entre ellos el principal opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).