Precisó que los magistrados cesados son Eduardo Ochoa Torres, hasta ahora presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, Nuevo León, así como José Manuel Rodríguez Puerto, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, en Tamaulipas.
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal también determinó la suspensión de Javier Rubén Lozano, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, también con sede en Monterrey, precisó en un comunicado.
Los tres impartidores de justicia son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora han quedado a disposición de las autoridades correspondientes, que decidirán en los próximos días si serán consignados ante un juez penal.
La Judicatura Federal señaló que estas acciones responden a la necesidad de garantizar una justicia imparcial y transparente en beneficio de la sociedad.
Refirió que la investigación contra los tres juzgadores se suma a las de otros integrantes del Poder Judicial de la Federación, presuntamente involucrados en resoluciones irregulares a favor de casas de apuestas o casinos.
En el presente año las investigaciones realizadas por el CJF y sus órganos internos derivaron en procedimientos disciplinarios de oficio contra otros integrantes del Poder Judicial federal.
En este contexto, el Consejo aseguró que las tareas de vigilancia y los mecanismos anticorrupción que se aplican desde 2011 se mantendrán y se seguirán todos los indicios que supongan la condición de actos indebidos, para sancionar a los responsables.
En otro tema el Consejo informó que la causa penal 33/2014, relacionada con José Jesús Reyna García, ex gobernador interino de Michoacán, fue radicada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Reyna García, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social 1, “Altiplano”, que se ubica en el municipio de Almoloya, en el Estado de México”, ya rindió su declaración preparatoria en el proceso penal por delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud.