La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió ayer admitir a trámite el caso de un repostero que pone de nuevo sobre Ia mesa los derechos de los homosexuales en el país, justo el día que se cumplían dos años después de que el mismo tribunal Iegalizara el matrimonio gay en toda la nación estadounidense.
EI Alto Tribunal aceptó revisar Ia apelación de un repostero de Colorado, Jack Phillips, quien en 2012 se negó a fabricar un pastel para la boda de una pareja del mismo sexo, argumentando que se negaba a ofrecer su servicio por razones religiosas.
En todas las fases judiciales, las Cortes habían determinado que el pastelero, dueño de la empresa Masterpiece Cakeshop, había cometido actos de discriminación contra Ia pareja, pero apeló todos los fallos hasta llegar al Supremo.
En octubre próximo, cuando los nueve jueces den inicio al nuevo periodo de sesiones, se programará un calendario de audiencias para oír los argumentos de ambas partes y determinar si hubo discriminación o no.
Más allá del hecho del pastel, eI caso es un desafío a los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, y analiza hasta qué punto las cláusulas de libertad de expresión y religión recogidas en la Constitución aplican en casos como éste.
Phillips, en uno de los juicios en tribunales locales y de distrito, argumentó que la ley antidiscriminación de Colorado vulneraba sus derechos constitucionales.
En el argumento presentado por sus abogados ante el Supremo para que aceptaran el caso, se especifica que el repostero no tiene problema en hacer encargos para gays o lesbianas, pero que por razones religiosas no hace tartas que celebren hechos “prohibidos por su fe como el racismo, el ateísmo o cualquier matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer”.
El caso no es único en el país, pero sí es el que ha llegado a instancias más altas. Hasta ahora, nadie había pedido al Alto Tribunal Ia revisión de la sentencia, y los comercios habían acatado que su moralidad estaba regulada por la ley de estados como Colorado, Washington o Nuevo México que no permite negar servicios por cuestión de raza o religión, entre otros.
Algo contrario a lo que sucedió hace unos años en Indiana, cuando el entonces gobernador del estado, el actual vicepresidente Mike Pence, instauró una normativa que garantizaba protección a los comerciantes que se negaran a ofrecer servicios a clientes esgrimiendo libertad de religión. La presión popular hizo que los legisladores tuvieran que retractarse y anular la ley.