La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ordenó hoy al estado de Oklahoma suspender las ejecuciones de pena de muerte, mientras resuelven la petición de reos sentenciados a la pena capital. Estos argumentan que los procedimientos de inyección letal en la entidad violan la garantía constitucional de los detenidos.
Scott Pruitt, procurador general de Oklahoma solicitó el lunes anterior la suspensión de las ejecuciones.
Pruitt solicitó la suspensión luego que la Suprema Corte notificó el pasado viernes que había aceptado analizar el caso interpuesto por varios reos en el que se cuestiona el uso del fármaco midazolam, utilizado en ejecuciones fallidas en Oklahoma y Arizona
Se indicó también que la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, podría haber detenido las ejecuciones, aunque únicamente por un plazo de 60 días, por lo que fue necesaria la intervención de la Suprema Corte.
El farmaco midazolam fue utilizado por el estado de Oklahoma en el mes de abril, para la ejecución del reo de 38 años, Clayton Derrell Locket. Durante esa ocasión, el reo se convulsionó violentamente, gimió y se retorció después de que le fuera aplicada la inyección letal en la Prisión Estatal de McAlester.
El reo fue declarado muerto una hora después de finalizar el proceso, por un ataque cardíaco. Los funcionarios carcelarios habían suspendido antes el procedimiento de ejecución, luego de que ninguna de las drogas le hiciera efecto.
La fallida ejecución de Lockett reactivo de nuevo el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos y forzó a suspender las ejecuciones en esa entidad hasta que se investigaran las causas.
La investigación reveló que una obstrucción en la línea intravenosa que no fue detectada y la falta de capacitación de quienes conducían el procedimiento, fue la causa y no los fármacos utilizados en la inyección letal.
Ante ello, Oklahoma reanudó las ejecuciones de reos apenas el pasado 15 de enero, al aplicar la pena de muerte a Charles Frederick Warner de 47 años de edad, por la violación y homicidio de una niña de 11 meses de edad en 1997.
Sin embargo, la decisión el viernes de la Suprema Corte de analizar el caso contra el midazolam, forzó al procurador el solicitar una nueva suspensión.