PHOENIX (AP) — Los abogados en un caso civil contra la Patrulla Fronteriza respecto a cárceles en Arizona quieren que un juez federal declare en desacato a la agencia por no proporcionar videos de vigilancia que muestran las condiciones en las que son retenidos los inmigrantes.
Una coalición de grupos intercesores y abogados solicitaron el lunes al juez David Bury de Tucson que declare en desacato a la Patrulla Fronteriza y que emita sanciones por los videos de vigilancia que la agencia debe entregar en cumplimiento a un requerimiento jurídico, pero que no ha proporcionado por completo porque algunos archivos de grabación está adulterados.
La demanda fue presentada originalmente en junio de 2015 y se argumentó que el Sector Tucson, el cual abarca la mayor parte de Arizona e incluye ocho estaciones, mantiene a los migrantes en celdas extremadamente frías e inmundas. Los inmigrantes normalmente son retenidos por la Patrulla Fronteriza sólo por un período corto antes de ser liberados, deportados o enviados a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el cual tiene centros de detención para plazos más largos.
La Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de Ley de Inmigración y el despacho jurídico Morrison and Foerster indicaron que la Patrulla Fronteriza les dijo que algunos archivos de video de vigilancia estaban dañados debido a actualizaciones de los sistemas operativos bajo los que son mantenidos.
Los abogados dijeron que la agencia ha sabido desde junio de 2016 que algunos archivos estaban dañados, pero lo notificó hasta diciembre.
Ésta no es la primera vez que los demandantes han solicitado que se sancione a la agencia en la querella.
El juez Bury sancionó en septiembre de 2015 a la Patrulla Fronteriza por la destrucción de evidencia en video y dijo que la decisión de la agencia de hacerlo “fue, en el mejor de los casos, negligente, y fue ciertamente deliberada”.
La Patrulla Fronteriza no comenta sobre litigios en curso.
El gobierno además peleó durante meses para evitar que abogados tomaran fotografías en estaciones de Arizona selladas. Las fotos fueron eventualmente publicadas, y éstas mostraron hombres apretujados bajo una manta térmica delgada y a una mujer utilizando un piso de concreto lleno de basura para cambiar el pañal a un bebé. Las fotografías mostraron también baños cubiertos de moho, papel higiénico sucio en el piso y un bebedero descompuesto.
La Patrulla Fronteriza ha defendido sus prácticas y ha dicho que está comprometida con la seguridad, protección y bienestar de los detenidos. Sostiene que cubre las necesidades humanas básicas de los detenidos en concordancia con sus propias políticas, y que los agentes proporcionan atención médica, temperatura moderada, sanidad, alimentos y agua, y permite a los detenidos dormir.
Bury ordenó en noviembre de 2016 a la Patrulla Fronteriza mejorar las condiciones de las instalaciones de detención y dijo que la agencia no estaba cumpliendo sus propios estándares al mantener a los migrantes en celdas atestadas y frías sin ropa de cama adecuada.
La orden temporal exige que el Sector Tucson proporcione colchonetas limpias y mantas delgadas a migrantes que sean retenidos por más de 12 horas, y que les permita asearse.
El juez Bury dijo que los demandantes presentaron evidencia persuasiva de que no se estaban atendiendo las necesidades humanas básicas de los migrantes.
La demanda fue presentada originalmente en representación de tres inmigrantes, pero ahora es una querella colectiva.