El fiscal Jorge Di Lello presentó un documento ante el juez federal Ariel Lijo en el que explica la necesidad de que Boudou se presente como imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación comenzó en marzo de 2012, cuando un programa de televisión denunció que Boudou había cometido el delito de tráfico de influencias al rescatar a la empresa Ciccone Calcográfica mediante prestanombres.
Dicha firma, representada por Alejandro Vanderbroele, un supuesto amigo de Boudou, estaba en la quiebra y adeudaba 20 millones de dólares al fisco, pero fue rescatada en 2010 gracias a la intervención del vicepresidente, quien entonces era ministro de Economía.
Más tarde, la firma logró un contrato por parte del Estado, con Boudou ya como vicepresidente, para la impresión de billetes, lo que le redituaría ganancias por 50 millones de dólares.
Además de Boudou, el fiscal de la causa solicitó la comparecencia del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y de los supuestos socios o prestanombres del vicepresidente.
El año pasado, otro fiscal había considerado que Boudou no había incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, pero Di Lello explicó en su escrito que si el vice intercedió para favorecer a una empresa, si debe ser imputado.
Si Lijo responde de manera favorable el pedido del fiscal y llama a indagatoria a Boudou, será la primera vez desde el regreso de la democracia (1983) que un vicepresidente en ejercicio es citado a declarar como imputado en un caso de corrupción.