El tribunal capitalino que lleva el caso de Leopoldo López decidió el lunes por la noche suspender la audiencia hasta el día siguiente por petición de la defensa, indicó uno de los abogados del opositor, Juan Carlos Gutiérrez. Durante la audiencia del martes se espera que el tribunal decida sí acepta la acusación de la fiscalía y le abre juicio a López o le otorga la libertad.
En entrevista telefónica, Gutiérrez dijo a The Associated Press que en la audiencia de este martes la defensa presentará sus alegatos y denunciará una “sistemática violación de derechos humanos” en contra de López. La defensa sostiene que en el proceso de López hay una serie de “vicios” que deberían llevar a la juez a no aceptar la acusación de la fiscalía.
Gutiérrez afirmó que el dirigente opositor está “bajo confinamiento y aislamiento” al no permitírsele la visita de sus familiares y mantenerlo aislado del resto de los presos de la cárcel de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde fue recluido desde el pasado 18 de febrero. En la audiencia de la víspera la Fiscalía General presentó su acusación y se le tomó declaración a López y a otros implicados en el caso.
Durante su intervención, el opositor leyó un manuscrito escrito en prisión en que reiteró su inocencia y afirmó que los juzgan por expresar sus ideas. “Prefiero explicarle a mis hijos por qué estoy preso que explicarles por qué no tienen país”, dijo López a los presentes en la sala de audiencias, informó la oficina de prensa del dirigente en un comunicado.
El opositor fue acusado por el ministerio público por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. La fiscalía ratificó la víspera la solicitud de que López debe permanecer en prisión mientras se le sigue juicio, precisó su abogado.
Entre los alegatos contra López, la fiscalía incluyó 120 evidencias y 76 testigos, de los cuales 54 son policías judiciales y 15 son funcionarios de seguridad de la fiscalía, reveló la defensa del opositor. López, de 43 años, es señalado de promover hechos violentos en el centro de la capital luego de que la oposición realizó una multitudinaria manifestación contra el gobierno el 12 de febrero.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido opositor Voluntad Popular pudiera enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, indicó la fiscal general Luisa Ortega Díaz.