México, 1 Oct (Notimex).- La senadora Angélica de la Peña Gómez propuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se etiqueten los recursos para la operación de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.
En el punto de acuerdo presentado y turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, argumenta que esos organismos de protección ejercen su presupuesto con base en lo anualmente aprobado por los congresos locales, lo que supone su dependencia económica, al ser éstos quienes deciden los montos finales.
De este modo, resulta fundamental dar un paso para que todos los organismos de protección de los derechos humanos tengan una verdadera autonomía presupuestal, señala la propuesta, también publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado.
De tal manera que sea la Cámara de Diputados la que establezca directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el Ramo 35, correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los recursos etiquetados para la operación de dichos organismos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que la importancia de la autonomía presupuestal no necesariamente consiste en los montos económicos de las partidas aprobadas, sino en que se erige como una condición necesaria para conseguir la independencia de un órgano.
Indicó que “la autonomía presupuestaria es garante de que a través de la administración de sus recursos pueda estar en condiciones de ejercer su presupuesto con base en las estrategias y prioridades que él mismo establezca”.
La legisladora perredista agregó que ello permitirá mayor autonomía presupuestaría y el ejercicio del gasto en la medida en que se confirma la plena capacidad de una institución para disponer de sus recursos presupuestales, con base en criterios propios vinculados al cumplimiento de su objeto, de sus fines y funciones.
Es relevante hacer patente el compromiso que se debe seguir para que los recursos sean encausados por completo al cumplimiento de la misión institucional, mediante su asignación oportuna y bajo estrictos criterios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestaria y transparencia.
Ello, para apoyar el desarrollo de las actividades asociadas a las tareas de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, con cuya ejecución se deberán proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos, puntualizó.