México, 5 Dic (Notimex).- El senador Luis Humberto Fernández informó que los gobiernos estatales y municipales no han reportado la deuda adquirida por las obligaciones de pago y empréstitos, como prevé la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera.
El legislador perredista recordó que en la reforma constitucional en la materia se estipuló como una obligación que estados y municipios informen sobre su adeudo al Ejecutivo federal y al Congreso a más tardar el 26 de julio de 2015, lo que no ha ocurrido.
Ante ello consideró necesario que el Senado de la República haga un llamado a fin de que los gobiernos estatales y municipales envíen esos informes al Congreso de la Unión, como marca la ley.
Fernández Fuentes también solicitó que se envíe información de empréstitos y obligaciones de pago a las comisiones legislativas competentes del Senado y de la Cámara de Diputados, como se refiere en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo transitorio séptimo de la reforma constitucional.
Pidió que estados y municipios envíen la información sobre deuda cada cierre de trimestre, como establece el artículo transitorio séptimo de la reforma, con la especificación de en qué se utilizó, si para refinanciar o reestructurar créditos existentes.
Refirió que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC) las diez entidades más endeudadas del país concentran 75 por ciento del total de la deuda en ese nivel de gobierno.
En el caso de los municipios, al tercer trimestre de 2015 Tijuana, Guadalajara y Monterrey son los que tienen más saldo de deuda, lo que contrasta con su capacidad de pago, mencionó.
Subrayó que el mayor impacto de la deuda se ha reflejado en la economía interna, pues organismos empresariales han señalado que la suspensión de pagos asciende a 100 mil millones de pesos y que incluso ha provocado cierre de operaciones de empresas y proveedores locales, además que falta transparencia en los procesos de pago.
El senador Luis Humberto Fernández enfatizó que estados y municipios deben cumplir con la obligación de informar al Congreso de la Unión “para abatir la obscuridad” con que se realiza el gasto presupuestal, desde la contratación de deuda y hasta la aplicación de los recursos adquiridos, sin que exista un control homologado.
Remarcó que de esa manera se cumplirá con la reforma constitucional y parte del proceso de aprobación de la ley secundaria.