“Uno de los temas prioritarios para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que comenzó este 1 de febrero, es la legislación secundaria para garantizar la rectoría del Estado en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, derivada de la reforma constitucional que en esta materia aprobó el Senado de la República el 30 de abril de 2013″.
En un comunicado, se destaca que el régimen transitorio del decreto que modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución, dispone que el Congreso deberá expedir un solo ordenamiento legal.
El mismo que deberá regular de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo se plantea que se realicen las adecuaciones necesarias al marco jurídico “para establecer los tipos penales especiales que castiguen severamente las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración”.
Del mismo modo sugiere una Comisión Federal de Competencia Económica autónoma para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Así el Senado prevé establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión.
También se deberá regular el organismo público que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, el derecho de réplica, la prohibición de difundir publicidad engañosa y los mecanismos que aseguren la promoción de la producción independiente.
La reforma constitucional también estipula que se requieren prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, determinar los criterios con los que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, así como la creación de un Consejo consultivo de este organismo.
Entre los principales preceptos que se establecieron con la enmienda constitucional destacan que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado deberá garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Además, resguardará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. “Prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y dispone que se establezcan las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público”, se añade.
La reforma constitucional incluye el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas y las concesiones para uso público y social que serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.