Senado de Florida aprueba tarifa universitaria para migrantes

Jeanette M. Núnez, Jack Latvala y Rick Scott

Aunque el resultado de la votación era previsible, de todas formas fue un día histórico. El Senado controlado por los republicanos había bloqueado la propuesta varias veces en los últimos años. Ahora se espera que el proyecto sea aprobado y llegue al gobernador Rick Scott, que ha respaldado públicamente el proyecto de ley desde hace varias semanas.

“Es un día emocionante para todo estudiante que sueña con ir a la universidad”, afirmó Scott poco después de aprobada la propuesta. “Este es un día histórico. Los niños que crecen en este estado ahora pagarán la misma tarifa universitaria que sus otros compañeros”.

En varias ocasiones durante el período de sesiones de este año el proyecto de ley pareció estar en problemas cuando algunos republicanos criticaron duramente la idea e incluso dijeron que era una “complacencia”. Pero surgió como una de las prioridades de Scott durante un año electoral en el que los votantes hispanos podrían tener un papel crucial.

El proyecto de ley les permitiría a los estudiantes que viven en el país sin autorización pagar la misma tarifa universitaria preferente que los residentes locales si han asistido a una escuela en la Florida por lo menos tres años antes de graduarse. En la actualidad, las cuotas universitarias para los residentes del estado son de una cuarta parte de las que pagan los estudiantes de otros estados y los que están en el país sin autorización.

La medida (HB851) también reduce la capacidad de las universidades estatales para elevar los cobros de las inscripciones por encima de la tarifa establecida anualmente por la Legislatura.

La votación de 26 a 13 a favor del proyecto de ley siguió a un largo debate donde los senadores citaron a Langston Hughes, Aristóteles e incluso a Walt Disney para justificar su apoyo. Los que están en favor de la propuesta argumentaron que está mal castigar a estudiantes que fueron traídos al país cuando eran niños.

Pero varios senadores republicanos pusieron en tela de juicio el costo potencial (de casi 50 millones de dólares cuando esté totalmente implementado) y dijeron que el estado no debería recompensar a personas que han infringido la ley para vivir sin autorización en Estados Unidos.

“Sé que se siente bien dar prestaciones”, dijo el senador republicano Aaron Bean, de la localidad de Fernandina Beach. “Le estamos dando tantas prestaciones a personas que no son ciudadanos… ¿Todavía importa ser ciudadano estadounidense?”

Sin embargo, el senador republicano Jack Latvala, de Clearwater y patrocinador del proyecto de ley, argumentó que “los ojos de Estados Unidos” estaban sobre la Florida y que había llegado el momento de que los legisladores “hagan lo correcto”.

Por otro lado, su colega republicano John Legg, de la localidad de Trinity, dijo que probablemente él se hubiera opuesto a la propuesta hace seis meses y que la habría considerado demasiado “tóxica políticamente para asumirla”. “Uno empieza a percatarse que el simplemente negarse no es una solución”, afirmó Legg.

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