Sobre la base del Pacto de Bogotá, de 1948, la Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia en asuntos de la Carta Fundamental, falló que “es inconstitucional cualquier atribución de competencia a jurisdicción internacional para conocer y juzgar asuntos limítrofes de Colombia”, explicó a The Associated Press el abogado demandante, Juan Carlos Moncada.
La ponencia estuvo a cargo del magistrado Mauricio González, y fue aprobada por cinco votos contra cuatro.
“La Corte Constitucional acogió, después de un estudio riguroso y serio, la tesis que hemos venido sosteniendo desde el mismo día en que salió el fallo de La Haya en noviembre de 2012 y que ratificamos en septiembre del año pasado, cuando demandé personalmente el Pacto de Bogotá”, dijo el mandatario colombiano en una alocución. Juan Manuel Santos también había demandado el Pacto de Bogotá pero lo hizo un mes después de Moncada, en agosto de 2013.
“De conformidad con la Constitución Nacional, los límites de Colombia sólo pueden ser modificados o establecidos por medio de un tratado celebrado por el Gobierno, aprobado por el Congreso y luego revisado por la Corte Constitucional”, agregó Santos, quien calificó como histórico el fallo. “Para nuestro país, mientras no sea celebrado un nuevo tratado, los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado Esguerra-Bárcenas”.
De acuerdo con Moncada era inconstitucional cualquier atribución de competencia a jurisdicción internacional para conocer y juzgar asuntos limítrofes de Colombia.
El abogado advirtió que los detalles de la decisión se conocerán en las próximas horas, pero recordó que desde hace casi 25 años esa regla estaba claramente establecida y que, en consecuencia, cualquier actuación de gobierno posterior debe ajustarse a ese precepto. “Ninguna decisión posterior a 1991 podría tener efecto en la configuración de los límites de Colombia”, dijo Moncada.
En un fallo inapelable, la Corte de La Haya ratificó el 19 de noviembre de 2012 la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus siete cayos deshabitados, que eran reclamados por Nicaragua en un pleito que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en 2001.
Pero en su decisión la corte internacional redujo el territorio marítimo colombiano al ceder una mayor porción a Nicaragua, con lo que al menos dos de los cayos colombianos (Quitasueño y Serrana) quedaron rodeados de aguas nicaragüenses.
La canciller colombiana María Angela Holguín ha dicho que Colombia aún no ha acatado el fallo y que un grupo de expertos está estudiando el contenido de la sentencia de la Corte para hacer un pronunciamiento definitivo. “Nosotros no hemos acatado el fallo”, ha dicho Holguín. “Lo que hemos dicho es que queremos estudiar el fallo a profundidad”.
Personalidades como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) han sugerido a Santos que desconozca el fallo del tribunal de La Haya. Los habitantes de la isla de San Andrés se han pronunciado en el mismo sentido.