SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Pudo haber sido un lunes cualquiera en el país más pequeño de Centroamérica, pero hoy la plaza El Salvador del Mundo se reunió a recordar el pasado: mientras el presidente salvadoreño encabezaba el acto de celebración de los 25 años del fin de la Guerra Civil, un grupo de veteranos reclamaba los beneficios de su participación en el conflicto.
Sólo los separaba un kilómetro de distancia. Por un lado, los poderes del Estado acompañados de diplomáticos, representantes de los llamados “países amigos” y de la ONU; por el otro, soldados retirados, algunos de los cuales vestían ropas militares con boinas y pañoletas rojas.
Unos aplaudían el silencio de las armas y los cambios alcanzados entre gobierno y el exguerrillero Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los otros caminaban por las calles manifestando que no hay nada que celebrar.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo: a pesar de que sólo cuenta con una extensión territorial de 21.000 kilómetros cuadrados y 6,5 millones de personas, hay una tasa de 81,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En esta nación que hoy celebra la firma de los acuerdos que pusieron fin a 12 años de guerra, aún no existe la paz.
Los veteranos concentrados en la plaza exigen que el gobierno cumpla con una ley aprobada en 2015 por la Asamblea Legislativa. Entre otras cosas, la petición contempla una indemnización de 10.000 dólares y una pensión vitalicia de 500 dólares mensuales, así como viviendas, becas, créditos y programas de salud integral.
La ley antes mencionada establece que los veteranos tienen derecho a recibir atención privilegiada en salud, educación, becas, créditos, inserción productiva y otros beneficios, aunque no determinó la cuantía de la pensión o la indemnización. De acuerdo a un censo realizado por el gobierno, el número de excombatientes de ambos bandos de la guerra asciende a casi 95.000.
La guerra comenzó a gestarse en los años 70. Ante el descontento hacia militares que absorbían el poder y la imposibilidad de transformar el gobierno a través de las urnas, la gente se abrió camino hacia la lucha armada.
El ímpetu revolucionario de las organizaciones populares creció y en 1980 se formó el FMLN. Quienes luchaban diferían en ideologías, pero deseaban combatir la dictadura militar.
En 1981, el FMLN lanzó una ofensiva general y llamó a la insurrección a nivel nacional, pero la iniciativa fracasó y los guerrilleros se replegaron a las montañas, donde se mantuvieron activos hasta la firma de la paz en 1992. El saldo fue superior a los 76.000 muertos y 12.000 desaparecidos.
La Iglesia católica salvadoreña, que fue mediadora en las mesas de dialogo, participó en el 25 aniversario del fin de la guerra y en un pronunciamiento titulado “Firmamos la paz pero no vivimos en paz, ni estamos reconciliados”, afirmó que la celebración se produce “en un momento de profunda crisis y de gran desesperanza. Algunos incluso se preguntan si tiene sentido hacer fiesta cuando la mayoría de los compatriotas, según afirman las últimas encuestas, creen que este año el país no va a mejorar”.
El obispo auxiliar capitalino, monseñor Gregorio Rosa Chávez, dijo que el momento es propicio para hacer memoria, recodar las causas que nos llevaron al conflicto armado y para evitar que esto vuelva a ocurrir. “Deben atacarse las causas de la guerra, sobre todo la más profunda, que es la injusticia estructural”.
Defensores de los Derechos Humanos reconocen que se han dado avances en este campo, pero reclaman que la impunidad sigue vigente y aún trabajan para encontrar justicia y reparación para las víctimas de la brutal represión que se vivió durante la guerra.
El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, señaló que las víctimas han tenido que recurrir a organismos internacionales buscando justicia porque en el país la Fiscalía General de la República no ha querido involucrarse en la investigación de casos de la guerra civil.
Montenegro recriminó que la fuerza armada siga negando el acceso a sus archivos, que podrían tener información de miles de personas que fueron capturadas, torturadas y hasta desaparecidas, así como de las graves violaciones del ejército al que responsabilizan de varias matanzas de campesinos.
En su discurso central, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció su compromiso de promover el diálogo franco que permita la aprobación de una ley de reconciliación y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. “Nuestro gobierno tiene una especial sensibilidad con este tema y considera como paso necesario en nuestro proceso de reconciliación que dignifiquemos a las personas que sufrieron graves agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado, y con cuales aún tenemos deudas”, manifestó.
Esta ley deberá ser debatida y aprobada por la Asamblea Legislativa y, según dijo el mandatario, también requerirá de un serio proceso de consulta con las organizaciones que representan a las víctimas.
Por su parte, Miroslav Lajcák, enviado especial del secretario general de la ONU, fue el encargado de leer el mensaje del secretario general, António Guterres, que destacó que El Salvador inspiró al mundo al firmar la paz el 16 de enero de 1992 en un acto historio en el castillo de Chapultepec, México.