SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Corte Suprema de Justicia ordenó el jueves que se abra juicio al ex director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, por supuesto enriquecimiento ilícito.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema estableció la existencia de irregularidades e indicios que presumen enriquecimiento ilícito, debido a que los depósitos bancarios realizados a su cuenta reflejan ingresos mensuales superiores a su salario como director del Seguro Social.
En los tres años y cuatro meses que Flores Sosa estuvo al frente del Seguro Social, depositó en el sistema bancario 512.016,13 dólares y retiró 367.182,37 dólares. Su salario durante ese período fue de 194.733,33 dólares, revela la investigación.
En su declaración patrimonial presentada al concluir su periodo en el cargo, no consta información verificada sobre los fondos que le permitieron comprar un vehículo Mercedes Benz por un valor de 60.000 dólares, el cual su propia declaración valuaba en 120.000 dólares, y un Mini Cooper por 15.000 dólares.
Según Probidad, el ex director general del Seguro Social presentó ahorros por un monto de 105.010,03 dólares, y no fueron declaradas cuatro cuentas adicionales a su nombre y una más a nombre de su esposa, que suman 26.435,34 dólares.
Además no se justificó la procedencia de los fondos para hacer abonos “sustanciales” a tarjetas de crédito por 159.564,48 dólares.
La Corte Suprema concluyó que “los gastos y pagos realizados por el señor Flores Sosa son desproporcionados en relación con sus ingresos que tienen sustento objetivo”.
Agrega que “existen cantidades sustanciales de dinero en su haber, y adquisición de vehículos obtenidos con dinero cuya procedencia carece de justificación y bienes que no presentan coherencia entre los precios de adquisición ni con el valor declarado tres años después”.
Flores Sosa estuvo al frente del Seguro Social durante el mandato del ex presidente Mauricio Funes (2009-2014).
No fue posible conocer una reacción del implicado ya que se encuentra fuera del país.
Sus abogados presentaron un escrito a la Corte Suprema de Justicia en el que informan que “se encuentra domiciliado en México, Distrito Federal” y que “ya está enterado que ya Sección de Probidad está realizando indagaciones rutinarias en relación con su situación patrimonial” y dicen que “se encuentra a disposición para lo que fuere necesario”.