SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el martes a un tribunal de lo civil que inicie juicio por enriquecimiento ilícito al diputado conservador Reynaldo López Cardoza.
La Corte señala que ante los hallazgos realizados por la Sección de Probidad a partir de lo declarado por el diputado y los datos que constan en informes rendidos por distintas entidades públicas y privadas, se estableció la existencia de irregularidades indicios que “presumen enriquecimiento ilícito”.
Se estableció que a pesar que el diputado declaró que su esposa no genera ingresos, ha realizado depósitos de hasta 220.000 dólares que no fueron declarados ni justificados.
También se estableció que el diputado adquirió inmuebles sin recurrir a créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias, y que los precios de compra de los inmuebles son sustancialmente bajos, considerando su extensión y ubicación y que los valores declarado de los bienes poco tiempo después son significativamente superiores sin justificar el aumento de valor.
Por otra parte, se desconoce de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña política que le permitieron realizaran las erogaciones correspondientes. Además, los créditos adquiridos antes de ser electo diputado fueron pagados antes de la fecha de vencimiento y los gastos declarados no coinciden con su estilo de vida ya que en el período 2009-2015 ha realizado cincuenta viajes personales de turismo entre él y su esposa.
La Corte concluyó que “las condiciones personales del diputado no son coherentes con sus ingresos declarados, al menos con los que tienen algún sustento”.
Señala que por tratarse de un funcionario sus ingresos declarados están constituidos por su salario y otras prestaciones en el ejercicio del cargo de diputado y afirma que “los hallazgos realizados revelan no solo un presunto enriquecimiento del declarante sino también la inexistencia de justificación sobre un aumento que ha sido notablemente superior”.
Al ordenar el inicio del juicio en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, como medida cautelar se decretó el embargo preventivo de cinco bienes inmuebles y la congelación de las cuentas bancarias propias y la de su esposa. Además se remitió certificación a la Fiscalía General de la República para que investigue y promueva las acciones penales correspondientes “de manera diligente y oportuna”.