Raúl Cervantes, Procurador General de la República, ha designado a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como el nuevo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
El renombramiento responde a una reorganización del equipo de trabajo de la Fiscalía, el cual incluye un proceso de evaluación interna para fortalecer las capacidades de investigación de casos penales a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Sánchez Pérez del Pozo entrará en sustitución de Ricardo Nájera Herrera.
Sánchez Pérez del Pozo es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de NorthWestern en Chicago, Estados Unidos.
En anteriores puestos se ha desarrollado como Director General de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Director General Adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y asesor en la materia de medios de comunicación en la misma institución.
Tiene también experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia.
El nuevo Fiscal ya ha contado con experiencia dentro de la protección a personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión como coordinador de la implementación de medidas cautelares y provisionales de Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos en coordinación con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, además de representar en reiteradas ocasiones al Estado mexicano ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mediante un comunicado, la PGR informó que el procurador ha instruido a la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al Fiscal, el realizar las acciones necesarias “para garantizar que se evite la impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a las y los comunicadores en nuestro país, procurando en todo momento el acceso a la justicia y al derecho a la verdad de víctima y ofendidos”.