Durante los pasados dos meses tanto Obama como el Secretario de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson, se han reunido con distintos actores políticos y sociales con el fin de hallar la ruta más conveniente para lo que se anticipa será una de las más difíciles decisiones ejecutivas de su presidencia.
En marzo pasado el mandatario ordenó a Johnson revisar la política de deportaciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS) con el objetivo de “humanizar” esta práctica que, bajo su presidencia ha alcanzado niveles récord al sumar casi dos millones de deportados.
Esa cifra de deportaciones se ha convertido en un punto de fricción entre Obama y los legisladores hispanos, así como organizaciones civiles a favor de la reforma migratoria.
El nivel de recriminación alcanzó un tono álgido semanas antes de ese anuncio, cuando Janet Murgía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, una de los grupos civiles más influyentes de Estados Unidos, llamó a Obama “el deportador en jefe”.
La instrucción de Obama, anunciada durante una reunión a puerta cerrada que sostuvo con el liderazgo de la fracción hispana en el Congreso, (CHC por sus siglas en inglés), fue vista como una cesión a esa presión.
Hasta ahora, Obama, ha resistido los llamados para detener las deportaciones utilizando su poder ejecutivo, insistiendo que la solución al problema que presenta el ineficiente sistema migratorio sólo se resolverá hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria.
“Entendemos que se trata de una encrucijada. El presidente está en un encrucijada donde las decisiones no son nada sencillas”, dijo Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice, una de las agrupaciones a favor de la reforma migratoria.
En entrevista con Notimex, Hastings dijo que la importancia de lo que la administración decida radica en el hecho de que este es un tema con un efecto real sobre cientos de miles de familias, además de sus implicaciones políticas.
“Si se va a pensar en términos electorales, también tiene un impacto en personas que son votantes”, dijo, en alusión a las miles de familias donde los padres están de manera indocumentada en el país pero sus hijos, mayores de edad, son ciudadanos estadunidenses registrados para votar.
El papel que el factor electoral podría jugar, tanto en estas consideraciones como en el futuro del debate migratorio en la Cámara de representantes, ha sido reconocido por el propio el propio mandatario.
La semana pasada Obama advirtió que la ventana de oportunidad para que el Congreso apruebe este año una amplia reforma migratoria se está achicando conforme el país se acerca a las elecciones legislativas a fines de este año.
“Tenemos una estrecha ventana y entre más nos acercamos a las elecciones de medio termino (a celebrarse en noviembre próximo), resulta más difícil aquí lograr que las cosas se hagan”, dijo refiriéndose al actual impasse en la Cámara baja.
Hastings apuntó que tratar de comunicar un mensaje a la comunidad de inmigrantes sobre las potenciales implicaciones de lo que el gobierno decida no es fácil y que hacerlo sería como tratar de adivinar el futuro.
Cuestionado al respecto durante una entrevista con el sistema de televisión pública (PBS) la semana pasada, Johnson evitó ofrecer cualquier indicio sobre los eventuales cambios en la política de deportaciones, aunque insistió que estos se darán dentro de los confines de la ley.
“Diría que tenemos que ser cuidadosos de no anticiparnos al Congreso en algunas áreas”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el gobierno pudiera ampliar los alcances del programa de acción diferida o DACA, como parte de los cambios a anunciarse.
La medida detuvo por dos años la deportación de jóvenes indocumentados traídos al país como menores de edad por sus padres, y quienes a cambio deberían cumplir una serie de requisitos, entre ellos el no contar con antecedentes penales.
Sea cuales sean los cambios, los republicanos en el Congreso no han esperado al eventual anuncio y han optado por atizar sus críticas desde ahora con la expectativa adicional de movilizar a su base electoral de cara a las elecciones legislativas.
Poco después del anuncio del proceso de revisión, un grupo de 22 senadores republicanos denunció que los cambios bajo consideración por parte del DHS “representarían un abandono casi completo del cumplimiento de la ley y del estado de derecho y de la noción de que el país tiene fronteras que se pueden controlar”.