En rueda de prensa, tras la aprobación del decreto que aún deberá recibir el visto bueno parlamentario, el primer ministro, Matteo Renzi, aseguró que la medida busca restituir a los italianos su dinero y se logrará apretando el cinturón a la política. El primer ministro explicó que el bono de 80 euros mensuales corresponderá a 10 millones de italianos que ganan menos de 26 mil euros anuales.
Según el jefe de gobierno, los recursos para poner en práctica la medida no provendrán de recortes a la sanidad pública ni a los salarios de los profesores. Aseguró que la iniciativa será financiada con recortes a los gastos de la burocracia. Citó como ejemplo que los ministerios no tendrán derecho a mantener las enormes flotillas de vehículos usados por los funcionarios. Habrá sólo cinco autos por Ministerio. Los subsecretarios se moverán en autobús, indicó.
Renzi informó que en un plazo de 60 días todos las dependencias públicas deberán divulgar por internet sus gastos. Con la publicación de los gastos en red sabremos de dónde recortar, acotó. El primer ministro aseguró que serán rebajados los salarios de los funcionarios públicos, de manera que ninguno ganará más de los 240 mil euros anuales (unos 331 mil dólares) que percibe el presidente de la República.
También anunció un recorte de 400 millones de euros (uno 552 millones de dólares) de los gastos para la Defensa, entre otras medidas de austeridad. Han dicho que se trata de una medida electoral, pero es la única medida que llega después de las elecciones, declaró.
Matteo Renzi asumió el cargo en febrero pasado, tras defenestrar, como secretario general del centroizquierdista Partido Democrático, al entonces jefe de gobierno, Enrico Letta, acusado de no aplicar las reformas con la urgencia que la situación del país lo requería.
El nuevo primer ministro prometió un combate frontal contra la burocracia y, por ejemplo, logró que el Senado aprobara la supresión de 73 provincias, lo que permitirá ahorrar 800 millones de euros. También confirmó la supresión de tres mil puestos públicos, la reforma del Senado o la simplificación de los contratos de trabajo temporales.