Las designaciones de los representantes del Ejecutivo en las provincias generaron polémica por su pasado, situación que ya se había repetido antes que Michelle Bachelet jurara como presidenta, el pasado 11 de marzo, con algunos subsecretarios de gobierno.
El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, confirmó en las últimas horas que la jefa de Estado aceptó la renuncia de los cuatro gobernadores quienes, sin embargo, habían defendido esta semana su derecho a seguir ejerciendo sus cargos.
Se trata de los gobernadores Hernán Vargas, en la norteña provincia de Antofagasta; Salvador Delgadillo, en la provincia de Santiago; Cristián Fernández, en la sureña provincia de Ñuble, y Claudia Placencio, en la sureña provincia de Chiloé. Vargas fue acusado de recibir, desde hace casi 10 años, una pensión mensual como víctima de violaciones a los derechos humanos sin tener tal condición, según denunciaron organizaciones humanitarias de Antofagasta.
Delgadillo, en tanto, enfrenta una querella en su contra por malversación de fondos públicos mientras se desempeñó como alcalde de la localidad de Til Til, ya que habría mal utilizado recursos para enfrentar los efectos del terremoto de 2010.
Fernández, mientras, enfrenta investigaciones judiciales por falta a la probidad administrativa, deudas por pensión de alimentos con sus hijos, violencia intrafamiliar, cheques sin fondos y una supuesta usurpación de funciones.
Placencio, por último, es beneficiaria de distintas ayudas del Estado y tiene la condición de “indigente” desde 2007 pese a que es socióloga, tiene un magister, posee al menos una propiedad y en los últimos cuatro meses vendió dos automóviles que estaban a su nombre.