De manera unánime, el Congreso de Guatemala aceptó este jueves tres de septiembre la renuncia de Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, que presentó el ahora ex mandatario en la víspera.
Los 118 congresistas que se encontraban presentes en la sesión del Congreso votaron a favor de la aceptación de la dimisión. Según la Constitución, Otto Pérez Molina debe ser sustituido por el recientemente nombrado vicepresidente Alejandro Maldonado.
Alejandro Maldonado deberá permanecer en el cargo hasta que haya un ganador en las próximas elecciones del domingo. La toma de juramento del cargo se haría el 14 de enero de 2016.
Amílcar Pop, diputado del partido indigenista de izquierda Winaq, dijo durante la sesión que con la renuncia de Pérez Molina “no se resuelve la crisis. Tampoco con el proceso electoral, hay demasiados candidatos investigados por la justicia debido a su corrupción. Hay diputados que responden a empresas, que son dependientes del dinero y los intereses más oscuros. Esto solo se resuelve con un proceso constituyente y una reforma profunda de muchas leyes”.
Al momento de la votación, Otto Pérez Molina se encontraba en el Tribunal asistiendo a una audiencia judicial, que se inició un par de horas antes con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción que provocaron la renuncia del mandatario guatemalteco, de 64 años.
Como recordarán, Pérez Molina renunció y decidió presentarse ante el Tribunal luego de que el juez girara una orden de aprehensión para hacer frente a acusaciones de cohecho y fraude fiscal. El ex mandatario ha negado todas las acusaciones en su contra.
Poco antes, en una entrevista con una radio local, Pérez Molina arremetió en contra de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismos que han adelantado la investigación que provocó la renuncia de Pérez Molina a su cargo, diciendo que sus miembros “buscan protagonismo” y “llenar sus egos”.
Otto Pérez Molina también dijo que “no confía en la justicia de Guatemala”, que “está llegando con desventaja a los tribunales”. A las afueras del edificio del tribunal de justicia había gente con pitos y tambores manifestando en contra del ex gobernante.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU, anunciaron en abril la desarticulación de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares, que presuntamente recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada “La Línea” por ser una especie de “alternativa” para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti.
Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión. La investigación del fraude aduanero también provocó la dimisión de varios ministros del gabinete que le retiraron su apoyo al presidente.