En las observaciones preliminares entregadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre su visita de 12 días a este país también consideró que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es el mejor marco para fortalecer la implementación y cumplimiento de obligaciones internacionales sobre la materia.
Con ello, dijo, México refuerza su compromiso con la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
La SRE destacó que el diplomático también celebró la adopción del Código Único de Procedimientos Penales y las acciones para implementar la reforma de justicia penal de 2008, así como la promulgación de la ley general de víctimas.
El relator consideró que hay un significativo progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar derivada de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reciente reforma al Código de justicia militar.
Subrayó que en México el mayor número de casos en los que se presume se comete tortura ocurre entre la detención y la puesta a disposición de un probable responsable ante el Ministerio Público.
Juan Méndez también agradeció el apoyo del gobierno mexicano para facilitar el acceso irrestricto a 11 lugares de detención de su elección.
Esas visitas incluyeron el Centro Nacional de Arraigo y otras instalaciones donde tuvo “todas las condiciones para entrevistarse con personas privadas de su libertad, en los términos de referencia establecidas en su mandato”, informó la cancillería en un comunicado.
El funcionario también hizo señalamientos respecto a pendientes que tiene México para eliminar la tortura, como fortalecer la figura de la defensoría pública a nivel local, la garantía de una adecuada atención de las víctimas y la realización de investigaciones prontas y expeditas en caso de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, puntualizó que se debe garantizar el derecho al debido proceso, homologar el tipo penal de tortura a nivel nacional, regular en todo el país el uso legítimo de la fuerza pública, la disminución de la utilización del arraigo y combatir la sobrepoblación en los penales y mejorar las condiciones de los mismos.
Del 21 de abril al 2 de mayo Juan Méndez sostuvo más de 35 reuniones con cerca de 100 servidores públicos del más alto nivel del gobierno federal y estatal.
Entre esos encuentros destacan los que sostuvo con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y la secretaria de Salud, Mercedes Juan, así como con funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores.
También se reunió con autoridades de Nuevo León, Baja California, Chiapas y Nayarit, así como del Distrito Federal, y representantes de los poderes legislativo y judicial a nivel federal y estatal, organismos autónomos de derechos humanos, de la sociedad civil y académicos.