Defensores de los afectados han estado presionando por una renovación. Propuestas de ley en el Senado y la Cámara de Representantes mantendrían vigente por tiempo indefinido el programa de salud al tiempo que asignan miles de millones de dólares adicionales para compensación de quienes se enfermen.
Pero el debate sobre una extensión se desarrolla en una niebla de ambigüedad. Muchos participantes en la respuesta inicial al ataque, como Charles Díaz, están tratando de determinar si parte de o todo su cuidado será cubierto por planes de seguro privados, públicos o de sindicatos cuando los programas expiren.
Díaz, capitán retirado de la policía del Departamento de Sanidad, sufrió la fractura de un brazo cuando las torres gemelas cayeron y más tarde se le diagnosticó un cáncer que él atribuye al polvo tóxico. Hoy, Díaz depende del Programa de Salud del World Trade Center para pagar por su Sprycel, un medicamento contra la leucemia que cuesta 10.300 dólares al mes.
¿Quién pagará el medicamento si el programa se acaba? “No tengo idea”, dijo Díaz.
Casi 21.600 personas recibieron tratamiento a través del Programa de Salud del World Trade Center el último año, de acuerdo con datos federales, pero funcionarios no han podido decir cuántos pacientes pudieran perder acceso a médicos y medicamentos si el programa expira como se planea en septiembre próximo.
La mayoría de los planes de salud para trabajadores municipales, activos o retirados, cubren atención médica por cáncer, pero algunos pacientes aún así pueden quedar agobiados por miles de dólares en copagos, en dependencia de la disponibilidad de compensación laboral, la solidez del plan farmacéutico de sus sindicatos y si viven lo suficientemente cerca de la ciudad de Nueva York para ser tratados por médicos en la red de sus seguros.
“Es un mundo muy complejo de costos y muchos de nuestros miembros no quieren pasar por eso”, dijo el doctor John Howard, director del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacionales, que supervisa el Programa de Salud del World Trade Center.
No está claro cuánto costará mantener activo el programa, aunque el instituto de salud y seguridad ha ofrecido un estimado especulativo de entre unos 1.830 millones a 2.220 millones de dólares adicionales en los próximos cinco años.