En su fallo, la Sala explicó que rechazaba la petición de Pérez Molina y que las cuentas seguirán embargadas a manera de prevención y aseguramiento de los bienes. El juez Marco Villeda embargó el miércoles cinco cuentas bancarias por poco más de 700.000 dólares.
La fiscalía sostiene que parte del dinero encontrado en las cuentas podría ser ilícito y se remonta al reporte de una transacción bancaria sospechosa reportada por la Superintendencia de Bancos de las cuentas de Pérez Molina en 2009.
El 6 de agosto de ese año, el Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, realizaba proyectos de obra gris por 7 millones de quetzales (unos 900 mil dólares), adjudicándole dicha obra a la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras, propiedad del diputado oficialista Estuardo Galdámez.
El mismo día la empresa depositó 2.1 millones de quetzales, unos 300.000 dólares, a la empresa Constructora Jumar, S.A., propiedad de Juan de Dios Estrada, ex secretario privado de Pérez Molina, también preso por otro caso de corrupción y quien, una semana después, emitió un cheque a nombre del ex mandatario por 500.000 quetzales (unos 66.000 dólares).
Según la fiscalía ese dinero es ilícito y debe investigarse por qué le fue depositado, a pesar de que el hecho ocurrió hace 6 años, pues los hechos no prescriben. Pérez Molina dijo que el dinero es producto de años de trabajo y que necesita del mismo para poder pagar deudas contraídas, incluidos los pagos a sus abogados.
En un caso paralelo, la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala acusan al ex presidente de pertenecer a una estructura llamada “la Línea”, integrada por funcionarios y particulares que recibieron sobornos de empresarios para evadir el fisco.
Por tal hecho, tanto Pérez Molina como su vicepresidenta Roxana Baldetti renunciaron a sus cargos y se encuentran en prisión preventiva mientras la fiscalía y la comisión los investigan. Ambos han negado las acusaciones.