SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — En medio de problemas financieros, la compañía proveedora de energía eléctrica en Puerto Rico pretende cerrar un trato de reestructuración la próxima semana para su deuda de aproximadamente 9.000 millones de dólares luego que los acreedores extendieron un acuerdo de indulgencia hasta el martes.
Funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico informaron el viernes por la noche que la extensión les daría tiempo adicional para cerrar un acuerdo preliminar con un grupo de tenedores de bonos y prestamistas bancarios que implica un descuento de 15% a su deuda. La AEE también se encuentra en negociaciones con un grupo de aseguradores de garantía financiera en un acuerdo de reestructuración separado.
“Esta extensión nos permite continuar las negociaciones constructivas con nuestros acreedores claves”, señaló el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Harry Rodríguez. “Trabajar con nuestros acreedores para reestructurar la deuda de la AEE es un componente importante de nuestro plan integral que comparta la carga de manera que podamos hacer frente a las finanzas de la Autoridad entre todas las partes interesadas”.
Los funcionarios de la compañía han dicho que necesitan llegar a un acuerdo con los aseguradores de garantía financiera para que puedan sobrevivir los tratos con los tenedores de bonos y los prestamistas bancarios. En septiembre, los aseguradores se negaron a extender su acuerdo de indulgencia con la AEE, pero no presentaron demandas legales y mantienen el diálogo para llegar a un trato de reestructuración.
Los funcionarios de la AEE indicaron que la próxima semana presentarán un proyecto de la ley que se requiere para lograr un acuerdo de reestructuración. Los líderes sindicales de los trabajadores de la electricidad han prometido oponerse a la aprobación de tal ley que, aseguran, elimina los derechos obtenidos a favor de los trabajadores y abre las puertas a la privatización del servicio público.
La compañía ha sostenido pláticas con los acreedores desde agosto de 2014. Es la primera de cerca de una decena de entidades en Puerto Rico que emiten bonos y que buscan concesiones de parte de los acreedores después de que el gobernador Alejandro García Padilla anunció en junio pasado que la deuda del gobierno de la isla por 72.000 millones de dólares resulta impagable.