Durante una manifestación frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la avenida Hidalgo, Alejandro Calvillo, director general del Poder del Consumidor, recordó que a México se le considera el primer consumidor de refrescos en el mundo.
Advirtió que aun cuando la obesidad es producto de múltiples factores cada vez hay más evidencias científicas de que el consumo de bebidas azucaradas se relaciona con el aumento de peso en adultos y como un factor de riesgo para la obesidad y la diabetes.
Alejandro Calvillo planteó que la demanda de refrescos disminuye cuando aumenta su precio y refirió que de acuerdo con estimaciones para México si el precio de ese producto aumenta 10 por ciento su consumo podría reducirse entre 10 y 13 por ciento.
Indicó que si se considera que en el país se consumen 163 litros por persona al año, con un impuesto de 20 por ciento al precio del refresco el consumo podría reducirse entre 121 y 130 litros.
En entrevista, detalló que se manifestaron frente a las oficinas del SAT para solicitar que en el paquete de la Reforma Fiscal se incluya el impuesto al refresco y que parte de los recursos recaudados se destinen a la instalación de bebederos en escuelas y espacios públicos.
Asoció el alto consumo de refresco en el país a que hay un abandono total del consumo de agua en edificios y espacios públicos.
El directivo planteó que con la aplicación de un impuesto de 20 por ciento se podrían generar más de 20 mil millones de pesos, y con poco más de dos mil millones de pesos se pueden instalar bebederos de agua en todas las escuelas de educación básica del país.
Calvillo recordó que en la pasada administración local Marcelo Ebrard prometió que a fines de 2011 habría bebederos de agua potable en ciento por ciento de las escuelas de la ciudad de México.
Sin embargo, dijo, a través del IFAI “obtuvimos la información de que en 2012 sólo 11 por ciento de los planteles cuenta con ese servicio”.
En tanto Luis Manuel Encarnación, de la Coalición ContraPeso, expuso que el impuesto no sólo aportaría recursos para ese propósito, sino también para atender los daños causados por la obesidad y la diabetes, que afecta principalmente a los más pobres.
A su vez Katia Gracia, coordinadora de investigación de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, planteó que si todas las oficinas de gobierno colocaran bebederos de agua en sus instalaciones el ahorro en la compra de agua embotellada daría más recursos para llevar ese servicio a espacios públicos y comunidades.