Nueva York, 30 Nov (Notimex).- La legislación que establece la prohibición total del aborto en El Salvador ha causado un efecto devastador entre los menores cuyas madres son encarceladas incluso tras sufrir emergencias obstétricas en que pierden a sus bebés, apuntó Amnistía Internacional (AI).
En un informe difundido este lunes, el organismo de defensa de los derechos humanos asentó que incluso las mujeres que sufren abortos involuntarios son privadas de la libertad, lo que separa familias y condena a los menores a dificultades económicas lejos de sus madres.
Titulado Familias separadas, abrazos rotos, el informe estableció que cuando las autoridades de El Salvador encierran injustamente a mujeres por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma.
Astrid Valencia, investigadora de AI para Centroamérica, manifestó que la presunción de culpabilidad adoptada en El Salvador respecto del aborto ha costado decenas de vidas, sentenciado a mujeres hasta a 40 años de prisión y generado un ambiente de pánico entre médicos y pacientes.
Ya es hora de que El Salvador derogue esta obsoleta prohibición, urgió Valencia.
Precisó que actualmente hay al menos 19 mujeres encarceladas en el contexto de la penalización total del aborto en El Salvador, declaradas culpables de delitos graves, como el homicidio, y condenadas a largas penas de prisión sobre la base de pruebas débiles o no concluyentes.
El informe destacó que la mayoría de las mujeres encarceladas eran el principal sostén económico de sus hogares, y que desde la privación de su libertad su red familiar ha tenido que encargarse de mantener y cuidar a sus hijos e hijas, a menudo en condiciones extremadamente difíciles.
Resaltó además que la falta de recursos económicos y las largas distancias desde su casa a la prisión impiden a muchas de las familias visitar a estas mujeres encarceladas, y que en algunos casos las mujeres pasan meses sin poder ver a sus hijos e hijas.
En lugar de condenar a niños y niñas a este insoportable sufrimiento, las autoridades de El Salvador deberían centrar sus energías en revisar una legislación que sólo sirve para tratar a las mujeres como poco más que ‘recipientes humanos’, consideró Valencia.