Según reportó este jueves el medio digital, “por orden del juez (José Marrero), los jóvenes no pueden salir a la calle después de las 12” en Carlos Reyles, donde “la policía lleva a su casa a los menores para evitar la inseguridad”.
Explicó que desde el martes pasado, la Policía de Carlos Reyles -a 220 kilómetros de Montevideo– “tiene la potestad de retirar de las calles a los menores de edad que se encuentren circulando después de las 12 de la noche”, con el apoyo del magistrado Marrero.
El jefe policial de la zona, José García, dijo al medio digital que la decisión “se basa en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Ley de Vagancia”, promulgada en 1941.
El abogado de derechos humanos, Martín Fernández, rechazó la medida y aseguró que el marco normativo en el que se funda esta política restrictiva es “inconstitucional”.
“Para nosotros es claramente una ley inconstitucional, que ha sido derogada por múltiples leyes. No se puede estar deteniendo personas por ‘estados afines’, no existe el tema ese de ‘estados peligrosos'”, indicó el jurista.
Sostuvo que más allá de la normativa vigente, “lo que está mal es la práctica policial o la judicial que la legitima utilizando un marco legal que es claramente violatorio de los derechos humanos”.
“Hay cuestiones vinculadas a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los temas de detención tienen que ser limitadas al máximo”, enfatizó Fernández.
Advirtió además que la Policía de Carlos Reyles, localidad del departamento de Durazno, no puede actuar de modo que se generen “detenciones arbitrarias” o “intervenciones en espacios públicos”, donde “tanto los adolescentes como los adultos tienen derechos”.
“La actuación de la Policía tiene que estar acotada a un marco legal claro de que se estén cometiendo ilícitos. No puede ser solo porque los adolescentes estén en la calle haciendo ruido”, sentenció el abogado.