La estrategia del programa, que corresponde coordinar a la Sedesol, fijaba a diciembre una cobertura de 5.8 millones de familias, que equivalen a 20.6 por ciento de los 28.1 millones registradas en el país.
La población atendida asciende a 25 millones 631 mil 340 personas, que habitan en 105 mil 588 localidades de dos mil 449 municipios de todo el territorio nacional.
De acuerdo con información de la Sedesol, en el marco de una de las cinco líneas trazadas por el presidente Enrique Peña Nieto, titulada como “México Incluyente”, la garantía de los derechos sociales es un componente esencial de la democracia.
La pobreza, desigualdad y exclusión en México “representan uno de los más grandes retos para el Estado mexicano. La política social, en los tres órdenes de gobierno, requiere una revisión profunda que permita abatir y no sólo contener los rezagos sociales que experimentan segmentos importantes de la población”, estableció.
“El diagnóstico en materia social es contundente: el país necesita de políticas públicas que tengan un impacto significativo en la reducción de cada una de las carencias sociales, y requiere también priorizar la atención en la población que sufre mayor número de rezagos sociales y carencia alimentaria”, indicó.
En esa lógica, enfatizó que la presente administración estableció indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que permitan estimar los avances en el combate a las carencias de la población en pobreza extrema y en alimentación.
Por ello el gobierno federal puso en marcha la Cruzada Nacional Contra el Hambre, una estrategia de inclusión y bienestar social que atiende la carencia por acceso a la alimentación, incide en el abatimiento de la desnutrición infantil aguda y aumenta la producción de alimentos.
Adicionalmente, la estrategia permite el ingreso de pequeños productores agrícolas, reduce pérdidas de alimentos y promueve la participación comunitaria.
Así, el 22 de enero de 2013 publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sinhambre), que confirma la decisión de la actual administración de fortalecer y hacer efectivo el derecho a la alimentación entre la población más pobre del país.
Hizo notar que Sinhambre creó toda una estructura institucional que permitió iniciar un proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, los estados y municipios, así como los sectores público, social y privado, de organismos e instituciones internacionales.
A junio pasado, las 16 dependencias federales, el Sistema Nacional del DIF, y el Instituto Nacional de las Mujeres realizaron tres sesiones extraordinarias y dos extraordinarias.
También expuso que se crearon ocho grupos de trabajo, 31 comités estatales intersecretariales y 396 comités municipales, además de que se firmaron 31 acuerdos para el Desarrollo Social Integral con igual número de entidades federativas.