El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Francisco Cuevas, dijo a periodistas que el mandatario recibirá en audiencia este martes al ex magistrado colombiano Iván Velásquez Gómez, designado para dirigir a la CICIG. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, nombró como titular de la CICIG a Velásquez Gómez, de 58 años de edad, en lugar del ex fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall´Anese.
Dall´Anese, quien concluyó el mes pasado su gestión de tres años, afirmó que por el trabajo de la CICIG el índice de impunidad de los delitos bajó del 98 por ciento a 73 por ciento. Otto Pérez Molina, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, se reunirá esta tarde en Casa Presidencial con el nuevo titular de la CICIG para tener “el primer acercamiento”, indicó Cuevas.
En la primera reunión con Velásquez Gómez, quien llegó la víspera a Guatemala, se conversará sobre la nueva gestión de la CICIG y se conocerán los posibles requerimientos del funcionario de la ONU para comenzar su trabajo. La CICIG, que colabora con el Ministerio Público (MP) de Guatemala en la lucha contra el crimen organizado, fue creada por un acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala el 12 de diciembre de 2006. Se instaló en el país centroamericano en septiembre de 2007 para cumplir un primer mandato de dos años.
El gobierno del presidente Pérez Molina (2012-2016) formalizó la tercera prórroga del mandato de dos años que finalizará en septiembre de 2015, luego de los períodos que vencieron en 2011 y septiembre de 2013. Se estima que en el 2015, cuando concluirá su tercera prórroga, la CICIG desaparecerá tras concluir su mandato y trasladar su capacidad institucional y profesional al MP en materia de lucha contra el crimen organizado.
De acuerdo con la ONU, Velásquez “tiene una distinguida carrera legal, habiendo sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Colombia, donde coordinó las investigaciones de alto nivel sobre los vínculos entre grupos paramilitares y funcionarios públicos”.
Estas investigaciones determinaron las relaciones entre miembros del Congreso de Colombia y el paramilitarismo, que ha llevado a la Corte Suprema a ordenar procesos por crímenes de lesa humanidad contra políticos. Como resultado de las investigaciones se logró la condena de aproximadamente 50 congresistas. Una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas.