En una declaración conjunta desde Cuba, el mandatario y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezadas por su líder, que se hace llamar Timoleón Jiménez, dijeron que superaron un obstáculo significativo para lograr un acuerdo de paz al decidir una fórmula para reparar a las víctimas y castigar a los rebeldes y militares por los abusos que hayan cometido contra los derechos humanos durante décadas de guerra.
“Somos adversarios, estamos en orillas diferentes pero hoy avanzamos en una misma dirección (…) la más noble que puede tener cualquier sociedad que es la de la paz”, dijo minutos antes de un forzado y frío apretón de manos con el comandante rebelde, conocido por su alias “Timochenko”.
Según este acuerdo, los rebeldes que confiesen sus crímenes ante tribunales especiales de paz, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas recibirán hasta un máximo de ocho años de restricción de libertad en áreas no definidas, que no serán cárceles y permitirán su tarea de reparación de las víctimas, bien sea a través de programas sociales o de colaboración directa con la población.
Los crímenes de guerra cometidos por el ejército colombiano serán juzgados también por esos tribunales y los combatientes que sean descubiertos en mentiras se enfrentarán a penas de hasta 20 años de prisión.
Santos viajó temprano el miércoles a La Habana, donde representantes del gobierno y de la guerrilla sostienen negociaciones desde hace casi tres años. Negociadores dijeron que el sorprendente avance se produjo cuando los rebeldes se apresuraron para mostrar avances ante la visita del papa Francisco a Cuba esta semana. Durante su estancia en la isla, el pontífice advirtió a los dos bandos que Colombia no podía permitirse un fracaso en su mejor oportunidad para alcanzar la paz en décadas.
Santos dijo que las FARC prometieron desmovilizarse en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo, que se espera en un plazo máximo de seis meses.
Pero los negociadores aún deben acordar la desmovilización de los guerrilleros, la entrega de armas, las garantías de no repetición y los detalles para la reparación de las víctimas. Santos también ha prometido dar a los colombianos la oportunidad de expresar su opinión sobre el tema a través de un referéndum y cualquier acuerdo al respecto debe ser aprobado también en el Congreso.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que llamó a Santos para felicitarlo a él y a su equipo negociador.
“La paz está ahora más cerca para el pueblo de Colombia y millones de víctimas del conflicto”, dijo Kerry en un comunicado.
Como parte de las negociaciones en Cuba, las partes han llegado a acuerdos sobre una reforma agraria, la participación política para los guerrilleros que dejen las armas y la forma de combatir conjuntamente el tráfico de drogas. Como un gesto de buena voluntad, las FARC iniciaron el 20 de julio un cese unilateral al fuego que ha reducido la violencia política en el país a su nivel más bajo desde 1975, según CERAC, un grupo de estudios de Bogotá que monitorea el conflicto.
Pero en medio de estos gestos simbólicos un tema ralentizaba los avances: cómo compensar a las víctimas y castigar a los comandantes de las FARC protagonistas de salvajes matanzas, desplazamientos y secuestros — delitos que incumplen las convenciones de derechos humanos internacionales firmadas por Colombia — y enfrentar el rechazo público casi unánime a los rebeldes.
Las FARC — que hoy en día tienen unos 6.400 guerrilleros desde los más de 20.000, según cálculos oficiales, de hace más de una década — insistieron en que no cometieron ningún delito y en que no abandonarán el campo de batalla si tienen la prisión como único destino. Solo aceptarán condenas de cárcel si los líderes del ejército colombiano, a quien también se le atribuye una letanía de crímenes, y la élite política de la nación cumplen también penas.
“Esta jurisdicción para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes”, dijo “Timochenko”, cuyo nombre real es Rodrigo Londono, en una breve declaración junto a Santos y al presidente cubano, Raúl Castro. “Abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena”.
El acuerdo lo cerró, lejos de los focos de La Habana, un grupo de seis juristas en una reunión maratoniana de 20 horas que duró hasta la madrugada del viernes, en el departamento de un ex presidente del Tribunal Constitucional de Colombia en Bogotá, dijeron negociadores a The Associated Press
El encuentro, que había comenzado el jueves, terminó a las 5.30 de la mañana, justo tres horas antes de que los asesores de las FARC viajaran a Cuba en un vuelo comercial para obtener el visto bueno de los comandantes, según Douglas Cassel, profesor de derecho de la Universidad de Notre Dame y uno de los tres representantes del gobierno de Santos en la negociación.
Cassel dijo que las FARC trabajaron horas extra con la esperanza de alcanzar el pacto antes de la llegada del papa Francisco a la isla el sábado, pero al final no llegaron a cumplir su objetivo. El punto de fricción, agregó, era saber qué pasaría si los miembros de la guerrilla mentían ante los tribunales especiales y obtener la garantía de que no serían extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos con tráfico de cocaína, su cumplían con sus compromisos.
“Incluso sin estar físicamente en la sala, el papa fue una presencia muy importante”, dijo Cassel sobre el papa.
El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, atribuyó a Francisco el empujón definitivo para el acuerdo
“Quizás podamos conectar esta buena noticia de hoy con el llamado del papa el domingo. Creo que es una señal positiva “, dijo Lombardi en un comunicado.
Bogotá se ha esforzado en explicar que el marco de la conocida como justicia de transición no representa impunidad para delitos como secuestro de civiles, reclutamiento forzoso de niños soldados y violencia sexual. Solo delitos menores como la rebelión serán indultados.
Pero incluso antes de conocer los detalles del pacto, el ex presidente Álvaro Uribe cargó contra lo que consideró una excesiva indulgencia del gobierno, avanzando el difícil camino por delante para aplicar cualquier acuerdo final. El grupo Human Rights Watch dijo que era difícil imaginar la forma en que las disposiciones judiciales podrían superar una revisión de la corte constitucional colombiana y la Corte Penal Internacional si los autores de los abusos no pasan ni un solo día en prisión.
“El gobierno acepta que delincuentes no vayan a la cárcel”, dijo Uribe, cuya ofensiva militar la pasada década descabezó a la guerrilla y forzó a las FARC a sentarse en la mesa de negociación, en un encuentro con partidarios. “Esto es un mal ejemplo y provocará más violencia por lo que se priva a la víctima del derecho a la no repetición del delito”.
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Los periodistas de AP Joshua Goodman, Libardo Cardona y César García contribuyeron a este despacho desde Bogotá, Colombia.