NACIONES UNIDAS (AP) — Lo acusan de haber aceptado más de 3 millones de dólares de gobiernos e individuos y de haber firmado cheques a su nombre que decían “salario”.
El arresto esta semana del expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas John Ashe pone de manifiesto algunas de las debilidades del organismo mundial que nadie tiene prisa por reformar.
La presidencia de la Asamblea General, que representa a 193 estados miembros, es terreno fértil para chanchullos. Quien la ejerce puede cumplir otras funciones al mismo tiempo y no tiene que hacerlas públicas; tiene amplia discreción sobre un presupuesto anual de unos 330.000 dólares y puede aceptar dinero adicional de los estados miembros sin tener que reportarlo a nadie.
Además, no hay una investigación formal de los antecedentes de los candidatos al puesto.
“Es algo fascinante. Mi primera reacción es que se le está dando piedra libre a un cabildero interno”, expresó Alejandro Salas, director regional de Transparencia Internacional para América. El experto mexicano agregó que su organización nunca hizo lo que describió como un “mapa de riesgos” de las Naciones Unidas, pero que probablemente “debamos prestarle más atención a esto ahora”.
Ashe, un exdiplomático de Antigua y Barbuda que presidió la Asamblea General de septiembre del 2013 a septiembre del 2014, fue acusado por un fiscal estadounidense de convertir la ONU en una “plataforma para sacar provecho”, aceptando sobornos de un magnate chino de la industria de bienes raíces y de otros empresarios a cambio de despejar el camino para lucrativas inversiones. Enfrenta cargos de fraude.
Su abogado, Robert Van Lierop, afirma que Ashe es inocente, que “tiene una reputación impecable” y que saldrá reivindicado.
La Oficina de Servicios de Auditoría Interna de la ONU informó el jueves que estudiará los tratos con dos fundaciones cuyos líderes han sido vinculados con las irregularidades que se le imputan a Ashe.
Esa dependencia ya había dado algunas señales de alarma en relación con los dineros de afuera que puede recibir el presidente de la Asamblea General. “La falta de transparencia en relación con esos fondos puede comprometer la reputación de la organización”, señaló en un informe en el 2010.
Ashe intentó multiplicar por diez el presupuesto de su oficina trayendo dineros de afuera, según los fiscales. Señalan que en su empeño por conseguir ayuda externa, en una ocasión “destacó los poderes” de su cargo y habló abiertamente de que su meta era “pedir más de 3 millones de dólares para su presidencia”.
La presidencia de la Asamblea General es un puesto más bien ceremonial, pero que da mucha visibilidad. Quien lo ejerce se reúne con jefes de estado y de gobierno y Ashe se entrevistó incluso con el presidente estadounidense Barack Obama en el 2013. Además tiene acceso a las figuras más importantes de la ONU, incluido el secretario general Ban Ki-moon.
Tras el arresto de Ashe, funcionarios de la ONU dijeron que el presidente de la Asamblea General no le responde al organismo sino a su propio gobierno y a los estados miembros que lo eligieron.
Ese argumento, sin embargo, no convence mucho a los expertos.
“Creo que la impresión generalizada es que el presidente de la Asamblea General es un figura central de la ONU”, sostuvo Robert Appleton, abogado de Nueva York que comandó una unidad especial anticorrupción que la ONU cerró en el 2009 bajo presión de los estados miembros.
El presidente de la Asamblea General usa personal, oficinas y apoyo de la ONU, además de su presupuesto anual. La ONU incluso cuenta con un fondo fiduciario que puede recibir contribuciones de países y entidades. Ese fondo fue creado para los presidentes de países pobres que no tienen medios para cubrir sus gastos.
Ese no parecía ser el problema de Ashe. Los fiscales dicen que el caribeño admitió haber recibido sumas superiores a los 100.000 dólares del gobierno de Antigua y Barbuda durante su presidencia.
No está claro cuánto dinero hay en el fondo fiduciario ni quién ha contribuido. La administradora Bettina Bartsiotas, que se supone debe hacer informes periódicos sobre el fondo, no respondió a solicitudes de comentarios.
Appleton dijo que el caso de Ashe le recuerda la respuesta inicial de la ONU al escándalo en torno al programa de petróleo por alimentos en la Irak de Sadam Hussein.
En lugar de decir que no hay forma de investigar el asunto, expresó, la ONU debería encontrar una forma de hacerlo, como hizo cuando creó la unidad anticorrupción. “No hay un historial de estados miembros que vigilan a sus propios diplomáticos”, señaló.
Los interrogantes sobre el presidente de la Asamblea General no se limitan a Ashe. El individuo que lo sucedió y completó su mandato hace un mes, Sam Kutesa, conservó su cargo de ministro de relaciones exteriores de Uganda y muchos no se explican cómo pudo haber desempeñado funciones tan exigentes al mismo tiempo.
Kutesa tuvo vínculos con uno de los individuos acusados de pagarle coimas a Ashe, Sheri Yan, quien fue asesor de Ashe durante su presidencia. La esposa de Kutesa, Edith, figura como vicepresidenta de una organización fundada por Yan, la Global Sustainability Foundation. Esa es una de las dos organizaciones que están siendo investigadas por los auditores de la ONU.
La fundación, cuyos folletos dicen que comenzó a funcionar en la sede de la ONU el año pasado, no respondió de inmediato a pedidos de comentarios.
El actual presidente de la Asamblea General Mogens Lykketoft y el secretario general de la ONU parecen estar dejando las reformas del organismo a quienes les sucedan. El vocero de la ONU Dujarrid dijo que “le corresponde a los estados miembros decidir cómo quieren manejar la presidencia”.
Brett Schaefer, del think tank conservador The Heritage Foundation, dijo que esa es una propuesta bastante arriesgada, “sobre todo en un ambiente como el de la ONU, con 193 países y 193 actitudes morales distintas frente a la corrupción”.
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La corresponsal de la Associated Press en la ONU Edith M. Lederer colaboró con este despacho.