La Junta de Elecciones del Distrito de Columbia autorizó la víspera que los partidarios de la legalización de la droga inicien el proceso de recolección de 25 mil firmas necesarias para colocar la iniciativa en las boletas de votación.
De ser aprobada, los residentes podrán poseer hasta dos onzas (unos 56 gramos) de la hierba y cultivar legalmente hasta tres matas en su casa, con lo que la capital estadunidense se sumaría a los estados de Colorado y Washington que aprobaron iniciativas de uso recreativo. Otros 17 estados del país permiten ya el consumo de marihuana con fines terapéuticos.
Se trata de la segunda medida de su tipo aprobada por el Distrito de Columbia en las últimas semanas, en medio de expresiones de optimismo de los partidarios de la legalización que confían en conseguir las firmas necesarias para poner la iniciativa a voto. La semana pasada el Consejo de la ciudad aprobó otro proyecto de ley para descriminalizar parcialmente la posesión de marihuana.
Con una votación 10-1 el Consejo aprobó la ordenanza que sólo penaliza la posesión de la droga con una multa de 25 dólares, una reducción significativa en relación con la sanción actual de 1 año de cárcel y 1000 dólares de multa. La iniciativa del Consejo sólo penaliza la posesión pública o privada de la marihuana por una cantidad no mayor de una onza, alrededor de 28 gramos.
Su consumo en la vía pública sería sin embargo punible con una multa de 500 dólares y seis meses de cárcel, pero la sanción se reduciría a apenas 25 dólares si el consumo es en propiedad privada.
La iniciativa no enmienda las sanciones existentes para el consumo del estupefaciente entre conductores de vehículos, en parques o en viviendas subsidiadas con recursos públicos, donde los inquilinos pueden ser desalojados. Bajo las reglas de la ordenanza, la policía debe observar a una persona consumiendo la droga de manera infraganti para proceder con la aplicación de la ley.
El alcalde demócrata Vincent Gray puede promulgar la ley en cualquier momento pero su entrada en vigor debe esperar un periodo de 60 días en caso de una impugnación del Congreso federal.