En un comunicado, el diputado federal, Fernando Belauzarán Méndez, sostuvo que en el semanario “Desde la Fe” se acusa a las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de fomentar las adicciones, por lo que consideró necesario aclarar que no es así.
El también presidente del Grupo Organizador del Foro de Consulta sobre el Tema de la Política de Drogas de la Cámara de Diputados, citó que el editorial, titulado “Ciudad Pacheca”, afirma que la iniciativa que analizará la Asamblea Legislativa propone hacer de la capital “un laboratorio” para el consumo legal de dicha droga.
En ese sentido, afirmó que “nada más lejos de la realidad, así como la suposición de que los asambleístas o los legisladores perredistas ignoran las consecuencias en la salud pública por el abuso de este narcótico”.
Recordó que el consumo de la cannabis ya está despenalizado en el país, para lo cual se puede consultar la Ley General de Salud, en la cual se establecen las cantidades máximas de diversas drogas, si es para “estricto e inmediato consumo personal”.
El perredista precisó que el punto es que la cantidad de cinco gramos de marihuana es tan reducida que queda abierta la posibilidad de que la autoridad persiga a los consumidores, en lugar de enfocarse en perseguir a quienes integran las redes criminales.
“Estas cantidades máximas permitidas obedecen a una concepción prohibicionista respecto al consumo de drogas y no han servido para detener su consumo ni su tráfico, sino todo lo contrario. A la par del aumento, se ha generado una violencia nunca antes vista en el país”, explicó.
Belauzarán Méndez agregó que precisamente el planteamiento de los perredistas es buscar disminuir tanto el consumo como los ilícitos asociados al mismo, para lo cual se plantea cambiar de estrategia mediante una regulación de la marihuana que se enfoque en la prevención.
El diputado por el Distrito Federal presentó en 2013 iniciativas para crear la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación. Además, para reformar las leyes General de Salud y Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y los códigos federales Penal y de Procedimientos Penales, todos en esta materia.