Según el organismo de control, Santos favorece su campaña electoral de manera directa o a través de funcionarios del gobierno, utilizando su condición de mandatario para reunirse con autoridades locales y departamentales como alcaldes o secretarios de despacho.
Estas reuniones semanales se realizan “al parecer con el fin de capitalizarlos y asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales para el desarrollo regional”.
Un segundo delito es el “presunto manejo irregular del presupuesto y utilización de la nómina oficial de entidades del orden central y descentralizado, con el fin de favorecer su campaña reeleccionista a la Presidencia de la República”.
De igual forma, Santos fue acusado de “presunto tráfico de influencias y desvío de poder en diversos nombramientos efectuados durante los años 2010 y 2011 en entidades del orden nacional y descentralizado”.
La comisión de acusaciones del Congreso es el organismo encargado de investigar y sancionar a los presidentes y ex mandatarios de Colombia, de acuerdo a su ordenamiento jurídico.
El Ministerio Público igualmente anunció investigaciones preliminares “contra congresistas de la República por presuntamente influir en el manejo irregular del presupuesto y la contratación de la nómina oficial del Gobierno Nacional”.