LIMA, Perú (AP) El servicio del tren que conecta la ciudad de Cusco con la fortaleza inca de Machu Picchu, el mayor atractivo turístico de Perú, seguía suspendido el jueves debido a una protesta de pobladores, estudiantes, sindicalistas y autoridades locales que se oponen a una norma aprobada por el gobierno central.
Le norma gubernamental permite la privatización de la administración de más de 19.000 zonas arqueológicas del país usualmente en abandono por falta de presupuesto estatal.
PeruRail, la empresa que administra el tren, dijo en un comunicado enviado a la AP que “por medidas de seguridad…se continuará con la suspensión de las operaciones ferroviarias”. El tren recorre unos 100 kilómetros desde la andina ciudad de Cusco para llegar a Machu Picchu. La vía férrea está expedita pero la empresa suspendió el servicio como medida de precaución.
Los manifestantes intentaron durante la mañana del jueves ingresar al aeropuerto internacional de Cusco pero fueron frenados por cientos de policías. El alcalde encargado de Cusco, Richard Suarez, dijo a la radio RPP que el gobierno central debe derogar la norma a la que calificó de tener “un sentido privatizador y atenta contra el patrimonio cultural”. La protesta también incluye el bloqueo de las autopistas por lo que los turistas se desplazan a pie o usan triciclos de carga para trasladarse.
La norma no incluye los sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial que en Cusco son la fortaleza inca de Machu Picchu, el centro histórico de la ciudad de Cusco y una extensa red de caminos de piedra incas de la zona que son recorridos por turistas de todo el mundo.
El sector turístico en Cusco afirmó en la víspera que las manifestaciones del miércoles dejaron pérdidas por 1,5 millones de dólares. “El impacto es severo…y hace la vida más difícil para quienes viven del turismo”, dijo Roger Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. Cusco recibió 1,6 millones de turistas extranjeros en 2014, según cifras oficiales.
Hace una semana el primer ministro Pedro Cateriano dijo a la prensa que la norma busca potenciar el turismo y proteger 19.903 sitios arqueológicos en todo el país porque la mayor parte actualmente se encuentra en “situación de abandono”. Según datos oficiales, desde 2014 unos 52 sitios arqueológicos sufrieron invasiones por traficantes de tierras en el país.
La ministra de Cultura Diana Alvarez-Calderón puso como ejemplo un lugar sagrado preinca en una zona rica de Lima donde se entrega una pequeña parte del sitio arqueológico a un restaurante de lujo que paga una regalía al estado que permite la conservación de la zona.