MEXICO (AP) Los padres de los estudiantes que desaparecieron en el sur de México en 2014 levantaron el martes un campamento de protesta que mantenían desde hace meses en la capital como muestra de confianza en la nueva unidad de investigación especializada que tratará de desentrañar lo sucedido con sus hijos.
“Esperamos que esto sea un buen inicio para una buena etapa de la investigación” dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
El lunes, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, anunció la creación de una unidad de investigación especializada que radicará en la institución que dirige. Lo definió como “un grupo fresco” y afirmó que responde a una petición de los padres aceptada por las autoridades.
Campa señaló que las investigaciones se centrarán en 115 personas que ya están detenidas y forman parte de los grupos delictivos, las fuerzas policiales y, sobre todo, de la estructura de gobierno de Iguala, en el estado de Guerrero, donde tuvo lugar la desaparición de los estudiantes.
La investigación, ahora, “tiene que ver con quiénes le daban instrucciones a estos grupos, cómo están conformados estos grupos delictivos, y en consecuencia ascender al siguiente nivel de decisión” señaló Campa.
El subprocurador agregó que también continuará la búsqueda de los jóvenes. Según las autoridades se les ha buscado en 669 lugares diferentes “no solamente en el estado de Guerrero, también en el Estado de México, en Puebla, y en donde se han presentado indicios de la posibilidad de que estén los restos de los muchachos, son: cuevas, bodegas, barrancas, aeródromos, presas…”
Desde la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2015, los padres han cuestionado sistemáticamente la voluntad de las autoridades por esclarecer los hechos.
La procuraduría general de la república llamó en su día la “verdad histórica” consistía en que los jóvenes fueron quemados en el basurero de un pueblo llamado Cocula tras secuestrados por policías de la ciudad de Iguala y entregados a un grupo de sicarios de la organización “Guerreros Unidos”.
Esa hipótesis, que ahora los padres llaman la “mentira histórica” fue cuestionada por un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los padres siguen reclamando la presentación con vida de sus hijos, que se deslinden responsabilidades en lo que consideran un “crimen de estado” porque quienes realizaron la desaparición eran agentes uniformados del estado y ahora piden también que se investigue a las autoridades que, en su opinión, no dirigieron la investigación correctamente desde un primer momento.
“Las investigaciones hay que redirigirlas. Seguir apostándole al basurero de Cocula es anquilosar y acartonar la investigación, agregó Rosales.
Según el nuevo esquema de la investigación, las autoridades se reunirán cada 15 días con los padres para comunicarles los avances realizados.