El informe de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, revela que unos ocho mil detenidos en prisiones libias son sometidos a tortura y castigos crueles que en ocasiones les causan la muerte.
El estudio indica que los detenidos en centros administrados por las brigadas armadas que surgieron durante el conflicto armado de 2011 son sometidos a tratos degradantes de manera aleatoria con la intención de extraerles confesiones. Asimismo, insta al gobierno a renovar los esfuerzos para fortalecer la capacidad del sistema de justicia penal.
En rueda de prensa en Ginebra, la vocera de ACNUDH Ravina Shamsadani dijo que los prisioneros fueron arrestados en sus casas, lugares de trabajo, en la calle o en puntos de control de seguridad, bajo la sospecha de haber sido simpatizantes del gobierno de Muamar Gadafi, o por ser parte de alguna etnia o tribu en especial.
El informe registra 27 casos de muerte bajo custodia, donde la información significativa sugiere que la tortura era la causa de la muerte, desde finales de 2011. La ONU también ha recibido información sobre varios otros casos similares durante este período, pero no fue capaz de documentarlo plenamente.
En el informe se detallan once muertes bajo custodia que se llevaron a cabo en 2013 en centros de detención que están bajo la autoridad nominal del gobierno, pero, de hecho, están a cargo de brigadas armadas que surgieron durante la revolución de 2011.
Shamsadani explicó que los detenidos que hablaron con los investigadores de la ONU sostuvieron haber sido golpeados, recibido descargas eléctricas, colgados de cabeza, quemados y privados de comer por periodos prolongados.
La ONU advirtió que a menos que se tomen medidas urgentes, existe el riesgo de que “la tortura se institucionalizará en Libia“, cuestión que generó fuertes críticas al gobierno de Gadafi en cuyo régimen la tortura era practicada de manera generalizada. Además, los miembros de las brigadas armadas admiten abiertamente cometer actos de tortura y los justifican, subrayó.
Por este motivo, ACNUDH recomienda a las autoridades libias adoptar una estrategia para liberar a quienes han sido arrestados injustamente y procesar a los responsables de algún delito. “Además deberían trabajar para lograr que el sistema de justicia penal establezca salvaguardas que protejan a los detenidos de cualquier tipo de abuso y que pongan fin a la impunidad de los violadores de los derechos humanos”, recomendó Shamsadani.
El ACNUDH recordó que “la tortura es ilegal, bajo ninguna circunstancia, sin excepciones”. “La situación de los detenidos en Libia es alarmante y si bien ha habido algunos avances, hay una urgente necesidad de renovar los esfuerzos para prevenir la tortura, investigar las denuncias de tortura y procesar a los responsables” , agregó.