NUEVA YORK (AP) — La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves una resolución impulsada por Argentina para formar un nuevo marco global que regule los procesos de reestructuración de deuda de los países, votación que la presidenta argentina calificó de “éxito” mientras Estados Unidos consideró que generará incertidumbre en los mercados financieros.
El proyecto fue aprobado por 136 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones. Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón, Alemania e Inglaterra votaron en contra.
La iniciativa nació tras la larga lucha judicial que Argentina mantiene con fondos de cobertura estadounidenses —conocidos en el país como “fondos buitre”— que le exigen al país sudamericano el pago de miles de millones de dólares tras los canjes de deuda soberana que realizó hace años.
El canciller argentino Héctor Timerman, quien estuvo presente en la sesión de debate y votación, afirmó que la propuesta es “una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos”. Le acompañó el ministro de Economía argentino Axel Kicillof.
La resolución habla del derecho de los estados a reestructurar su deuda, de la inmunidad soberana de la que gozan y del respeto que debe tenerse por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración. Propone que si una mayoría de acreedores acepta el arreglo propuesto por un país deudor, el resto debe aceptar esa decisión. El objetivo de la propuesta es proteger a naciones de ataques especulativos de fondos de cobertura.
La presidenta argentina Cristina Fernández celebró la resolución durante un discurso televisado en que calificó de “exitosa” la votación. Fernández destacó que los principios aprobados piden “el tratamiento equitativo de todos los acreedores” y que la “buena fe impere entre acreedores y deudores”.
“Hemos cumplido con nuestra responsabilidad como miembro de la comunidad internacional ayudando a otros países hermanos para que no pasen por las mismas tragedias, por las mismas injusticias, por las mismas miserias que tuvimos que pasar nosotros los argentinos”, dijo la presidenta.
“Este es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo entero”, agregó.
Varios países que votaron a favor de la resolución la calificaron de histórica.
Sacha Llorenti, representante permanente de Bolivia ante Naciones Unidas, dijo a la AP que “por primera vez se establecen unos principios que tienen que regir los procesos de reestructuración, que pueden provocar situaciones de crisis como lo han hecho en muchos países”. Bolivia presidió hasta hace pocas semanas el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuraciones de Deuda Soberana que elaboró los principios en los que se basa la resolución.
A pesar de que la resolución no es vinculante, Llorenti la comparó con tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“(La resolución) es un punto de referencia ineludible para la suscripción de contratos, para los procesos de reestructuración de deuda, para la negociación de la deuda en general. Es un primer paso muy importante. Estos principios pasan a formar parte del derecho internacional”, agregó el embajador.
Llorenti dijo que hubo varios países, como Estados Unidos, que no participaron en las negociaciones para crear la resolución porque consideran que este tema debe tratarse en el Fondo Monetario Internacional.
Funcionarios estadounidenses dijeron durante el debate que un marco legal para regular las reestructuraciones de deuda generaría incertidumbre en los mercados financieros y que los países no tienen un derecho soberano para fijar un sistema de reestructuraciones de deuda.
Argentina se enfrenta con fondos de cobertura estadounidenses como NML Capital Ltd en una larga batalla judicial.
El asunto se remonta a 2001 cuando Argentina declaró el cese de pagos de su deuda. Esos bonos fueron reestructurados en 2005 y 2010 y casi la totalidad de los acreedores aceptaron una importante quita de capital por títulos nuevos.
Pero en 2008 otros inversionistas compraron títulos de deuda que habían quedado en cese de pagos. La compra se hizo a bajo precio y automáticamente reclamaron ante la justicia estadounidense el 100% de su valor, por lo que Argentina califica a estos fondos de “buitres”.
El juez federal Thomas Griesa falló en 2012 que si Argentina pagaba intereses a acreedores reestructurados entonces también debe pagar los casi 1.600 millones de dólares que debe a los fondos de cobertura estadounidenses. El dictamen se basó en el principio de “pari passu” o tratamiento equitativo. Argentina se ha negado a cumplir la decisión del juez.
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