CARACAS, Venezuela (AP) — Diputados oficialistas pidieron el miércoles a la Fiscalía General que inicie una investigación para abrirle juicio al mayor magnate de los alimentos del país al que señalan de conspirar supuestamente contra el gobierno.
Los legisladores oficialistas consignaron la denuncia tres días después que el presidente Nicolás Maduro acusó a Mendoza, presidente del conglomerado de los alimentos y la cerveza Empresas Polar, de librar una guerra económica contra Venezuela con el objetivo de entregar el control del país al Fondo Monetario Internacional.
La acción se derivó de una conversación telefónica transmitida por la televisión estatal la semana pasada entre Mendoza y el economista de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, un abierto crítico del gobierno, quien consideró que Venezuela podría necesitar un rescate del FMI de 40.000 millones de dólares. Ese dinero buscaría frenar la profunda crisis del país, altamente dependiente del petróleo, marcada por una inflación de tres dígitos y escasez generalizada. Se estima que la economía podría terminar el año con una contracción del 10%.
El diputado Pedro Carreño indicó que en el contenido de la conversación entre Mendoza y Hausmann “se suscriben delitos penados establecidos en nuestras leyes, delitos contra la cosa pública como usurpación de funciones y la independencia, soberanía y seguridad de la nación, como el delito de traición a la patria, y a ellos se le suma el delito penables de asociación para delinquir”.
Carreño en declaraciones a la prensa declinó opinar sobre la legalidad de la grabación de la conversación telefónica, sin la mediación de un juez, argumentando que esa no es competencia del Legislativo y menos de los denunciantes.
Agregó que la fiscal general Luisa Ortega Díaz recibió la denuncia y le indicó que revisará la documentación y de “manera expedita” comenzar la investigación.
Mendoza no ha respondido por ahora a las declaraciones de Maduro, pero en un comunicado la semana pasada, acusó al gobierno de violar su privacidad al registrar ilegalmente sus conversaciones personales y luego transmitirlas. Dijo que le “preocupa la difícil situación económica que atraviesa Venezuela”, que ha obligado a aplicar paros laborales forzosos en varias instalaciones propiedad de Polar, y que regularmente conversa con economistas de todo el espectro político.
Polar es el mayor proveedor de alimentos del país y un blanco favorito de Maduro y su antecesor Hugo Chávez, quienes han acusado a esas empresas de tratar de sabotear la economía acaparando bienes sujetos a precios fijados por el Estado y entregarlos a delincuentes para que los contrabandeen a través de la frontera, con lo que pueden lograr ganancias enormes.